La investigación que arrojará próximamente nuevos elementos y más implicados en el caso de las facturas falsas usadas por la Gobernación de Central va en “línea ascendente”, dijo el agente Rodrigo Estigarribia.
El fiscal dijo que muchos de los nuevos nombres que ya están manejando y que se conocerán próximamente corresponden a funcionarios “de arriba”, en la línea de mando de la Gobernación. “Había funcionarios de alto rango que solicitaban estas facturas a estos particulares”, detalló.
Señaló que por el momento ninguna hipótesis es descartada por el equipo de investigadores, que además de Estigarribia está integrado por Francisco Cabrera y Luis Said. Este equipo de agentes continuará con el trabajo que venía llevando adelante el fiscal Diego Arzamendia.
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Prestaban facturas por necesidad
Adentrándose a conversar sobre la investigación, el fiscal Estigarribia dijo que una de las hipótesis sobre el modus operandi que se manejaba en la Gobernación de Central tiene que ver con que se contrataba a personas que tenían facturas, y por necesidad estas accedían a otorgar facturas a pedido de sus superiores. Así, esta era una forma de ubicar personas en puestos de trabajo y aparte usar sus facturas.
En otras palabras, las personas prestaban sus facturas y estas se usaban para justificar -falsamente- las rendiciones de cuentas de obras que se tenían que ejecutar a través del rubro 800.
Estos contratados emitieron facturas para la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) que aparece como la gran beneficiaria del dinero de la Gobernación durante toda la pandemia.
Sin embargo, la inconsistencia salta cuando estas personas que emitían las facturas prestaban servicios dentro de la misma Gobernación.
Un gran maquillaje documental
Descaradamente, estas facturas fueron presentadas en las rendiciones de cuentas de ejecución de obras de la institución, y los investigadores incluso sospechan que estas mismas facturas podrían haber sido utilizadas en otras rendiciones de cuentas. Es decir, este pudo haber sido un modus operandi de larga data, utilizando facturas correspondientes a otros meses de las mismas personas.
Según el fiscal, estos trabajadores que cedieron su factura reconocieron que sí trabajan en la Gobernación y había personas que les solicitaban que emitieran estas facturas a nombre de esta fundación. Además, no se descarta que pudieran existir otras fundaciones.
“Esto nos lleva al indicio de que podría existir un perjuicio patrimonial puesto que para justificar los desembolsos, se incluían estas facturas. Y si bien son montos pequeños, suman”, señaló el agente fiscal.
Ya se tienen nombres de los que instigaban
En cuanto a los funcionarios que solicitaban estas facturas, la Fiscalía ya tiene sus nombres y están imputados.
Otra arista de la investigación que también está a cargo de este equipo tiene que ver con obras que administrativamente se pagaron, se verificaron, pero, con el pequeño detalle de que eran preexistentes a la realización de los pagos. Es decir, “maquillaban” un supuesto pago y una obra nueva, cuando la construcción en cuestión ya era antigua.
Sobre este caso también ya se formularon imputaciones, puntualizó Rodrigo Estigarribia.
Finalmente, el fiscal resaltó que ni siquiera la producción de facturas es tan importante en comparación con la existencia de un perjuicio patrimonial
Partiendo de la base de la investigación, el agente estimó que la expectativa para estos delitos podría ser de hasta 12 años y medio de pena privativa de libertad, teniendo en cuenta el concurso de hechos punibles.