El canciller nacional, Euclides Acevedo, envió el 27 de mayo pasado una extensa y detallada carta a la senadora Lilian Samaniego (ANR, abdista), titular de la Comisión de Relaciones Exteriores (RR.EE.) del Senado, en la cual expone los argumentos de la Cancillería para el rechazo del proyecto “Del Servicio Diplomático, Consular, Administrativo y Profesional del Ministerio de Relaciones Exteriores”, que busca derogar la Ley 1335/99 “Del Servicio Diplomático y Consular”.
Este mismo documento le anexó el canciller Acevedo al presidente de la Cámara Alta, Óscar Salomón.
En la sesión ordinaria del jueves último, el Senado aprobó en general el proyecto de ley y postergó en ocho días su tratamiento en particular.
Entre los varios argumentos para la postergación del proyecto de ley, Acevedo refiere que la iniciativa “habilita a los funcionarios de la Cancillería a ejercer actividad proselitista de carácter político-partidario en el desempeño de sus funciones, estrictamente prohibida en la Ley 1335″.
“Es más, contradice el espíritu de la Constitución de 1922, cuyo artículo 101 dispuso la reglamentación especial de la carrera diplomática y consular, para asegurar que ella responda a los altos intereses nacionales en lugar de dar primacía a otros intereses político-partidarios o de Gobierno por encima del interés general del Estado, distrayendo la atención y los recursos de la administración hacia fines distintos de la política exterior”, refiere la misiva.
El proyecto de ley en estudio en el Senado, entre los varios artículos polémicos, refiere (art. 42) que la prohibición de actividad política partidaria “se limita solo a la sede de la Cancillería Nacional, de las Misiones Diplomáticas y consulares en el exterior”. La senadora Samaniego, promotora de la derogación de la Ley 1335, apareció en varios actos políticos en las últimas municipales, rodeada de funcionarios y diplomáticos de la Cancillería. Por ejemplo, compartió un acto colorado con la cónsul en Clorinda, Belinda Gómez, quien transgredió la Ley 1335.