Los acusados son los expresidentes Celso Manuel Alvarenga y Fabio Martínez, la extoserora María Gloria Escobar y el protesorero Roberto Israel Alfonso. La nómina de procesados sigue con Elena Cañiza, Carlos Céspedes, Julio Schupp, Olga Caballero, Alfredo Martínez, Basilicia Miers, Óscar Ojeda, Miguel Ángel Castro, Olga Espínola, Hugo Castillo y Marcelo Noguera.
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Los fiscales Alejandra Savorgnan y Giovanni Grisetti están presentando sus alegatos finales en el juicio oral y público a los exdirectivos de la Asociación de Funcionarios del Poder Judicial, ante el Tribunal de Sentencia presidido por Olga Ruiz e integrado por los miembros titulares Víctor Medina y Elsa García.
En su argumentación, los representantes del Ministerio Público señalan la responsabilidad de los acusados, pero no se refirieron a las penas a ser requeridas hasta la última parte de sus extensos alegatos finales. En atención que la acusación es por estafa agravada y lesión de confianza agravada y por lo tanto hay concurso (más de un delito) la expectativa de pena es de hasta 15 años.
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Doce años de pena privativa de libertad es la condena finalmente requerida por el Ministerio Público para los ex directivos Celso Alvarenga, Fabio Martínez, María Escobar y Roberto Alfonso. Para los demás, la pena solicitada fue de dos años de prisión, con suspensión condicional del procedimiento a cambio de reglas de conducta a ser establecidas por el colegiado.
La Fiscalía sostiene que se desviaron fondos de descuentos a los asociados con los que debían pagarse los créditos contraídos y otras deudas asumidas con instituciones financieras. El perjuicio causado por la estafa es de G. 2.500.000.000 y por la lesión de confianza, de G. 6.300.000.000 aproximadamente.
El actual presidente de la Asociación de Magistrados del Paraguay, Jorge Recalde, destacó que los ahora acusados perjudicaron a 1.300 asociados en forma directa y 3.000 en forma indirecta y que causaron un perjuicio de G. 16 mil millones, un monto superior al señalado por la Fiscalía. El Lic. Luis Carlos Jara estimó en G. 16.000 millones el perjuicio causado por operaciones irregulares entre los años 2012 y 2017.
Celso Alvarenga ejerció la presidencia de la asociación en el periodo 2008 al 2013, y en el caso de Fabio Martínez, estuvo al frente entre el 2013 y el 2015.
El caso salió a luz a mediados del año 2017, cuando varios asociados recibieron demandas por falta de pago de parte de casas comerciales de las que retiraron mercaderías o hicieron préstamos vía asociación.
Tras una intervención se comprobó que desde el 2014 aparentemente la “Aso” descontaba las cuotas, pero no pagaba a los comercios. En total, fueron procesadas 26 personas, pero posteriormente varias fueron desvinculadas de la causa y sólo quince fueron acusados.
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Condena por desvío anterior
Este escándalo se desató a 18 años de otro similar –pero por desvío de G. 500 millones– que concluyó con la condena de la entonces presidenta de la Aso, María Elena Caprarulo, a tres años de cárcel.
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En aquel entonces, el perjuicio comprobado fue de unos 500 millones de guaraníes.