El abogado Martín Cabrera asumió la defensa del imputado José Félix Grau, uno de los contratistas que supuestamente realizó obras en el departamento Central con fondos de la Gobernación.
El juez Humberto Otazú alegó “amistad” con Cabrera y por tal motivo se vio obligado a inhibirse en la causa que investiga la ejecución del fondo de emergencia sanitaria por covid-19, de G. 6.382 millones, US$ 1.000.000, que el Poder Ejecutivo otorgó en diciembre de 2020 a la administración de Hugo Javier González.
Por esta razón se accedió a un nuevo sorteo y la jueza penal Clara Ruiz Díaz es quien está a cargo actualmente. Pero a su vez la misma impugnó la inhibición de su colega Otazú “por falta de fundamentos consistentes” que afirmen la supuesta amistad entre el magistrado y el letrado.
Entonces, el caso queda nuevamente a cargo del Tribunal de Apelación de Delitos Económicos, integrado por los camaristas Arnulfo Arias, Andrea Vera y Bibiana Benítez, para aceptar o rechazar la impugnación.
Con esta chicana se dilata la citación para la imposición de medidas de todos los imputados. Los fiscales de la causa Rodrigo Estigarribia, Luis Said y Francisco Cabrera, solicitaron que el gobernador Hugo Javier, además de otros funcionarios imputados en la causa, sean apartados de sus cargos y no vuelvan a ingresar a la sede departamental. La imputación por lesión de confianza, declaración falsa, asociación criminal y producción de documentos no auténticos fue hace un mes.
La Gobernación de Central recibió del Ejecutivo G. 6.382 millones para contrarrestar los efectos causados por la pandemia de la covid-19. Hugo Javier, repartió todo el dinero y entregó a la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidida por Tadeo Álvarez, imputado, la suma de G. 5.105 y al Consejo Regional de Salud, dirigido por Higo Cabrera, la suma de G. 1.276 millones. Los fiscales investigan la producción de facturas clonadas, obras fantasmas, entre otros hechos de corrupción.
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Otras chicanas
El abogado Andrés Casati Caballero asumió la defensa del gobernador Hugo Javier González. Por este motivo, el juez José Agustín Delmás, se inhibió ya que entre ambos existe una supuesta “enemistad”. La causa pasó a la dependencia del magistrado Humberto Otazú, pero ahora éste alega “amistad” con otro defensor y también se inhibió.
También Paulino De los Palacios Recalde, tesorero de CIAP, fue imputado en calidad de supuesto autor por lesión de confianza, declaración falsa y producción de documentos no auténticos, y como coautor del hecho punible de asociación criminal.
El mismo recusó a los agentes del Ministerio Público, Estigarribia, Cabrera y Said, y también a la fiscala adjunta Soledad Machuca, “por falta de objetividad” y por ser “improcedente” la imputación. La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, confirmó en la causa a los fiscales mencionados, pero Palacios Recalde volvió a impugnar la decisión por las mismas razones.
Los imputados
Además de Hugo Javier, Tadeo Álvarez y Paulino Palacio Recalde, también fueron imputados el director general de Administración y Finanzas de la Gobernación, Javier Marcelo Rojas Giménez; Nicolás Eduardo Emanuel Álvarez Doria, síndico actual de CIAP, además de varios subalternos del gobernador, tales como la secretaria general Lourdes Verónica Lezcano Decoud; el secretario de Obras Públicas, Armando Adolfo Soler Espínola; el exjefe de Tesorería, Luis Eduardo Allende Araújo; el asesor jurídico, Édgar José Zaracho Quintana; el jefe del Departamento de Presupuesto, Guido Rolando Portillo Torres; Modesta Valiente Escobar, funcionaria de la Dirección de Administración y Finanzas, y el exjefe del Departamento de Fiscalización de Obras, Adalberto Benítez Aguilera, y los contratistas Óscar Morel Oses, José Félix Grau y Óscar Laureano Gaete Gómez.
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