El juez penal de garantías en Delitos Económicos del Primer Turno, Humberto René Otazú Fernández por Auto Interlocutorio (AI) N° 787 del 12 de noviembre de 2021, convocó a los procesados ex titulares de la Senad Francisco José de Vargas Benítez y Luis Alberto Rojas Ramírez, así como a Antonio Salvador Pereira Fretes, Silvia Jara Acha, Silvio Alcides Amarilla Torales, Alberto Daniel Ferreira Martí, Adalberto Javier Benítez, Jessica Paola Reyes Aguilera y Hugo Danilo González, para el 13 de diciembre a las 9:30 para sustanciar la audiencia preliminar.
En el citado auto interlocutorio el magistrado Otazú Fernández también dispuso, ante las reiteradas chicanas que plantean las defensas, que se notifique a las partes bajo apercibimiento de las disposiciones contenidas en la Acordada N° 709/11 “Por la cual se aprueba el reglamento que regula el sistema disciplinario del Poder Judicial”, su modificatoria la Acordada 961/2015 en sus Artículos 4° y 16°, la Acordada N° 1057/2016 a través de la cual se aprueba el “Manual de buenas prácticas para los juzgados penales de garantías y demás auxiliares de justicia”, y lo dispuesto en los Artículos 106, 112, 113 y 114 del Código Procesal Penal “De los Deberes de las Partes” y de lo dispuesto en el Art. 243 Inc. 4 del Código Procesal Penal “Comportamiento de los imputados”, a objeto de evitar futuras suspensiones de audiencias y dilaciones en el marco del presente proceso.
La causa está caratulada “Francisco de Vargas y otros s/ contrabando” N° 72/2016.
Sin embargo, el 18 de noviembre, el procesado Alberto Daniel Ferreira Martí, por derecho propio y bajo patrocinio del abogado Carlos Gustavo Montañez, con matrícula de la CSJ N° 7731, planteó una apelación general contra el Auto Interlocutorio (AI) N° 787 del 12 de noviembre de 2021, el que pide revocar.
Ferreira Martí se “agravia” y alega que le genera un “gravamen irreparable” al momento de que el juez resuelve dar seguimiento al proceso señalando día y hora de audiencia preliminar existiendo un recurso extraordinario de casación sobre el cual la Sala Penal de la CSJ no se ha terminado de expedir, pues está aún pendiente de resolución una aclaratoria planteada por mi parte. Si bien es cierto que la aclaratoria planteada es solo a los efectos de determinar ciertos aspectos sobre los cuales el auto cuya aclaración se ha solicitado no se ha expedido, tampoco es menos cierto que ello ocasiona que la resolución en cuestión no quede firme.
El acusado también señala que el apercibimiento realizado por el juez Otazú Fernández, es agraviante porque vulnera la igualdad entre las partes, además de denotar una parcialidad manifiesta por parte del juzgador, indica en su apelación Ferreira Martí.
La aclaratoria ya no tiene la virtualidad de modificar lo sustancial de la resolución que se recurre, sino el de aclarar aspectos oscuros o ambiguos de un fallo.
La imputación
El entonces fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Martín Cabrera imputó por lesión de confianza el 18 de noviembre de 2016 al exministro de la Senad Francisco José de Vargas, porque en el 2012 compró para esa institución, de la firma Televox SRL, el equipo denominado “sistema de rastreo sensitivo móvil”, por el que “pagó G. 9.406.120.000, por un bien que de ninguna manera justificaba dicho desembolso”, según señaló el Ministerio Público.
Lea más: Imputan a De Vargas y Rojas por la compra de equipos de espinonaje
La investigación fiscal corroboró que los equipos de espionaje telefónico eran inservibles y que posiblemente habían sido sobrefacturados. Incluso, se mencionó que estos equipos, lejos de ayudar al combate del crimen organizado o el tráfico de drogas, entorpecieron las labores.
Luego de tres años, en el 2015, el entonces ministro de la Senad, Luis Alberto Rojas, realizó una nueva compra, denominada “equipos tácticos de comunicación”, por el que pagó G. 1.250.000.000, nuevamente a la empresa Televox. También fue procesado por lesión de confianza.
La investigación de la Fiscalía sostiene que dichos equipos no se pudieron utilizar en la labor de la Senad, y que De Vargas y Rojas, como administradores, tenían la obligación de cuidar del patrimonio de la institución a su cargo.
Rojas, además, fue quien direccionó las dos compras de equipos hacia la empresa Televox SRL.
Televox tiene como representantes a Nicasio Bóbeda y Alfredo Javier Bóbeda, quienes fueron imputados por producción de documentos no auténticos y contrabando.
Por su parte, la contadora de esta firma, Silvia Jara Acha, fue procesada por producción de documentos no auténticos.
Televox solicitó ser proveedora del Estado recién el 8 de agosto de 2012 y solamente realizó las dos ventas a la Senad (2012 y 2015), y en Aduanas registró esas dos importaciones.
También fueron imputados por lesión de confianza (complicidad) seis exfuncionarios de la Senad. Alberto Ferreira Martí, exencargado de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC); Jessica Paola Reyes, exasesora jurídica de la Dirección Administrativa; Antonio Pereira, exdirector administrativo; Silvio Amarilla, agente especial y exdirector de Inteligencia; Hugo González, coordinador de la UOC, y Adalberto Benítez, exdirector de Administración.
Lea más: Formulan acusación contra exministros de la Senad
El actual fiscal de la causa es Luis Lionel Piñánez, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, quien presentó la acusación correspondiente en diciembre del 2018 contra todos los procesados.