Campaña Itaipú 2023 Causa Nacional presentará acusaciones ante la Bicameral

El obispo emérito de la Diócesis de San Juan Bautista de las Misiones, monseñor Mario Melanio Medina, señaló que el Comité de Iglesias para Ayuda de Emergencias (Cipae) y la Campaña Itaipú 2023 Causa Nacional estarán en la Bicameral el lunes próximo, de 8:30 a 12:00, en una audiencia pública. Tres técnicos entendidos en la materia presentarán el informe y la acusación sobre los responsables de la deuda espuria de Itaipú.

El obispo emérito de la Diócesis de San Juan Bautista de las Misiones, monseñor Mario Melanio Medina.Rafael Marcial Montiel
audima

Los técnicos de la Plataforma Ética Ciudadana que preside monseñor Medina son: Ricardo Canese, el general (SR) José Pozo y Miguel Carter. Los entendidos en la materia actuarán de oficio como fiscales acusadores en representación de la Plataforma Ética, precisó el obispo.

Monseñor Medina explicó que se ha formado una Plataforma Ética Ciudadana cuyos técnicos han evaluado la deuda espuria de Itaipú.

“Son nuestros fiscales que realizaron un estudio de la deuda espuria de Itaipú en base a las respuestas y descargos de los funcionarios que estuvieron al frente de la Binacional”, señaló.

Añadió que se dio un plazo de un mes a los responsables, incluso al presidente de la República, para dar sus respuestas.

“Marito no dijo nada al respecto. Wasmosy negó”, remarcó el obispo emérito.

La Plataforma Ética presentará ante la Bicameral el estudio de los peritos, quienes presentarán acusaciones para que haya “sanción ética”, apuntó monseñor Medina.

Subrayó que la conclusión de la Contraloría General de la República (CGR) es que existe una deuda espuria de Itaipú.

Para el obispo, la ciudadanía debe saber cómo se manejó Itaipú y quiénes fueron los directores involucrados en la deuda espuria. “Debemos conocer la deuda al Paraguay, porque la soberanía energética es una causa nacional”, puntualizó.

En el informe, la Contraloría General de la República (CGR) señala que en el 2020 la deuda ascendió a US$ 4.193 millones. Esta deuda, según la auditoría, se generó entre 1985 y 1997, como consecuencia de la aplicación de tarifas más bajas a las fijadas por el Anexo C del Tratado de Itaipú.

La deuda es calificada por la Contraloría de ilegal y compromete a cuatro ex directores paraguayos de la hidroeléctrica: uno de la dictadura del Gral. Alfredo Stroessner y tres de la transición democrática.

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