La ARP seguirá apoyando a las fuerzas de seguridad apostadas en el Norte de la región Oriental, como FTC y que con sus luces y sus sombras, considera absolutamente necesaria su presencia para hacer los ajustes que se tengan que hacer y dotarles de los medios, de presupuestos y de recursos que necesitan, de los contrario lo productores de la zonas no tendrías las garantías mínimas para poder seguir desarrollando sus actividades, señaló el titular del gremio ganadero, doctor Pedro Galli.
“Tenemos un balance más bien positivos a lo largo de todos estos años, porque estos grupos no han crecido, más bien fueron arrinconados, disminuidos y casi anulados en capacidad de hacer daño”, manifestó.
En relación al grupo que fue eliminado en el confuso episodio, que generó una polémica, porque no fue la FTC responsable sino que fueron muertos por desconocidos, pero aseveró que a los efectos de los resultados, para la ARP es igual. “Seguiremos criticando las cosas que consideramos que están mal y seguiremos apoyando para que permanezcan estas unidades en esa zona hasta que esas amenazas sean completamente eliminadas”, expresó Galli.
Sobre el asesinato del productor menonita Helmut Ediger, y de los peones Odair Dos Santos y Rolando Díaz González, luego del secuestro perpetrado en San Estanislao, departamento de San Pedro, Galli mencionó que tras conversar con los familiares, supo que fue muy brutal y cruel la manera en que actuó el grupo criminal. Declaró que el caso es muy parecido a las operaciones de grupos del Brasil, a lo que en Paraguay no estamos acostumbrados . “Esperamos que sea una célula de criminales que se formó y pueda ser atrapada y que se extinga”, dijo.
Lamentó que a medida que los familiares de los secuestrados iban consiguiendo el dinero para la liberación, los criminales fueron matando a los secuestrados y que pese a que se entregó el dinero solicitado, los malvivientes los ejecutaron a sangre fría.
Recuperar el prestigio con gestión eficiente
Por otra parte, el presidente de la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAPy), ingeniero agrónomo Héctor Cristaldo, manifestó que lo que hace falta es fortalecer las instituciones y su credibilidad en base a trabajo serio, gestión eficiente y resultados, porque solo recursos no soluciona el problema de la inseguridad.
“El abordaje de nuestro gremio va más allá de la FTC, son los organismos de seguridad en su conjunto los que tenemos que fortalecer. Porque necesitamos tener fuerzas publicas con prestigio ganado por su gestión eficiente”, señaló.
También dijo que la seguridad de la gente común en su día a día esta en jaque permanente, por eso se necesitan recursos, cambios de actitud y respaldo político a la buena gestión. “El vaí vaí (mal que mal) no sirve más en este escenario, el prestigio y el respeto ciudadano se gana con el trabajo bien hecho que muestren los resultados en el día a día”, refirió.
En el mismo sentido, la Unión de Gremios de la Producción dio a conocer también un mensaje de apoyo firme a toda gestión que busque mejorar la seguridad ciudadana en el día a día, así como el combate a la violencia y al terrorismo en el norte. “El accionar de las fuerzas públicas debe ser firme, en el marco de sus atribuciones, y libre de toda sospecha de actuaciones oportunistas”, expresa un manifiesto de la UGP.
Según esa nucleación empresarial, el uso legítimo de la fuerza por parte de las instituciones de la República, que tienen esa misión, debe contar con el respaldo de la ciudadanía. Su capital más sólido es la confianza ciudadana que ha sido golpeada, dice el escrito difundido, en alusión al episodio de días atrás. “La UGP apoya las acciones que lleven a fortalecer las instituciones a cargo de brindar seguridad a la gente que trabaja en el marco de la ley y castigar a quienes la violan. Este es un tema que atañe directamente al presidente de la República quien, si quiere defender las instituciones, debe ser muy duro con los responsables de minar la confianza en las mismas”, indica el manifiesto de la UGP. Finalmente, comenta que no se puede titubear en estos momentos, porque la inseguridad afecta la convivencia ciudadana, porque está en juego una de las misiones fundamentales del Estado, el uso legítimo de la fuerza para proteger a la ciudadanía.