Esta mañana, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, firmó el pedido de intervención de la Gobernación de Central y ya lo remitió a la Cámara de Diputados, cuyo plazo es de 15 días a partir de ahora para la conformación de la comisión especial que deberá constituirse en la institución departamental para indagar sobre el presunto despilfarro de un millón de dólares, fondo de emergencia sanitaria por COVID, que precisamente el Ejecutivo otorgó a la Gobernación de Central.
El gobernador de Central, el cartista Hugo Javier González, imputado por lesión de confianza, declaración falsa, asociación criminal y producción de documentos no auténticos, recibió del Ejecutivo en diciembre del año pasado G. 6.382 millones, equivalente a un millón de dólares, para generar fuentes de trabajo en el XI departamento durante la pandemia. Sin embargo, en la rendición de cuentas de la ejecución de los fondos aparecieron facturas clonadas y facturas a crédito que no fueron pagadas, entre otras anomalías.
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Hugo Javier repartió el dinero a dos organizaciones sin fines de lucro. Una de estas es el Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), que recibió G. 5.105 millones. Su presidente, Tadeo Álvarez, también fue imputado por los mismos cargo que el gobernador, además de otras 13 personas.
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El Consejo Regional de Salud también fue beneficiado con G. 1.276 millones y rindió cuentas con una factura de un taller mecánico de donde supuestamente se adquirió mobiliario hospitalario. Trabajadores del taller negaron en su momento la fabricación y comercialización de este tipo de artículos.
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Luego del escándalo y tras la imputación fiscal, la Junta Departamental solicitó la intervención de la institución departamental. El petitorio ya tuvo mesa de entrada en la Cámara Baja, donde los diputados tendrán 15 días para la conformación de la Comisión Especial que se encargará de la intervención. Quedan cuatro sesiones ordinarias antes del receso parlamentario que se iniciará el próximo 21 de diciembre.