El abogado Andrés Casati sostiene que la inhibición general de grabar y vender bienes solicitada por los fiscales Rodrigo Estigarribia, Luis Said y Francisco Cabrera, actualmente recusados, “es no solo absurda sino ilegal, contaría a derecho e inconstitucional” además de ser “desproporcional”.
En el escrito de apelación, Casati se refiere además a la medida impuesta por el juez José Agustín Delmás respecto al pedido del Ministerio Púbico - la inhibición de bienes - diciendo que el petitorio fue “al solo efecto de provocar prejuicios, con su conocido actuar contra legem, la audiencia de imposición de medidas cautelares no se llevó adelante tan solo por maniobras desplegadas por el Juzgado Penal de Garantías, o sea, en otras palabras el único responsable de cómo se encuentran procesalmente las cosas dentro de este procedimiento tiene nombre y apellido”.
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El juez Delmás fue inicialmente designado para la imposición de medidas cautelares para el gobernador Hugo Javier González y otras 14 personas imputadas por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, pero se vio obligado a inhibirse por una “enemistad” con el abogado Casati.
La defensa del gobernador también alega que la inhibición de bienes no corresponde ya que su cliente no está imputado por lavado de dinero.
Casati afirma que el bloqueo de los bienes del gobernador González “amerita la denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento, para fundar o pretender fundar la resolución cuestionada”.
Por su parte, el fiscal interino Diego Arzamendia, a cargo del caso debido a la recusación de los fiscales de la causa, se opone al pedido de nulidad plateado por Casati.
Arzamendia planteó recursos de reposición y apelación en subsidio, en los que apela la resolución por la que se dio trámite al recurso. Manifestó además que hasta el momento no fue notificado sobre el rechazo y que ni siquiera el expediente físico fue remitido al nuevo juzgado.
Agregó que está pendiente también el traslado de algunos incidentes y apelaciones planteados por la defensa del gobernador, que aún no fueron realizados.
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La imputación del gobernador Hugo Javier González y otras 14 personas se relaciona al aparente despilfarro de G. 6.382 millones (US$ 1.000.000) de un fondo de emergencia sanitaria por covid-19, que el Poder Ejecutivo otorgó al gobierno departamental en diciembre de 2020 para generar fuentes de trabajo y contrarrestar los efectos negativos de la pandemia de la covid-19 en la economía departamental.
Sin embargo, el gobernador González repartió el dinero a dos organizaciones no gubernamentales.
El Centro Integral de Apoyo Profesional, presidido por Tadeo Álvarez - imputado en la causa -, recibió G. 5.105 millones para crear obras de infraestructura a pesar de no estar habilitada para el efecto; y el Consejo Regional de Salud, presidido por Hugo Cabrera, recibió G. 1.276 millones.
Esa entidad no está reconocida por el Ministerio de Salud Pública.
En la rendición de cuentas aparecen facturas clonadas, facturas a crédito que no fueron pagadas, facturas reemplazadas, obras fantasmas, pagos que no correspondían, entre otras anomalías.
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