El motivo de la paralización es la falla de un transformador de corriente que “se quemó totalmente”, según la explicación recibida, el cual forma parte del arrancador del motor del molino chino que Engineering entregó a la cementera hace poco tiempo.
El presidente de la empresa Estatal, Ernesto Benítez, señaló que la producción se frenó por una “avería” en un transformador ubicado al costado del motor del molino y que la máquina se paró “por protección”. “Se está trabajando en la sustitución del transformador, pero hay stock suficiente de cemento para el despacho”, expresó.
La INC tiene dos molinos para la producción de cemento en la planta de Villeta, pero solo el molino “nuevo” que suministró Engineering seguía operando, porque el motor del molino viejo se desmontó y lo llevaron a Vallemí (Concepción), para producir clínker, ya que allí hubo fallas de otra de las maquinarias. Ahora que se descompuso el molino “chino” de Villeta, la producción se paralizó en la planta de dicha ciudad.
Justamente, la INC reactivó la producción de clínker luego de reemplazar el motor averiado del molino de crudo de la línea industrial de Vallemí, para lo cual se llevó el motor del molino viejo de la planta de Villeta.
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Fuentes de la empresa informaron hoy que hay dificultades para reparar la máquina quemada, porque no habría repuestos en el mercado. Sobre el punto, Benítez señaló: “En planta no se tiene repuesto, pero en el mercado sí. No hay de qué preocuparse, se cambia y se sigue con la producción”, expresó aunque señaló que no sabe cuándo reactivarán la máquina.
El costoso molino “chino” que la llamada “superproveedora” del Estado, Engineering, entregó a la Industria Nacional del Cemento (INC) por US$ 12 millones no para de tener fallas y varias veces ya afectó a la producción. Esta máquina se compró con una parte de los US$ 80 millones provenientes de la colocación de bonos soberanos que recibió la estatal durante el Gobierno del expresidente Horacio Cartes.
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Diez sindicatos piden la destitución de Benítez
Pero la crisis de INC no se resume solo a los paros continuos. Además, diez sindicatos de la cementera estatal están a estas horas en la Vicepresidencia de la República, donde esperan tener una audiencia con el vicepresidente Hugo Velázquez, a quien ya le informaron a través de una nota sobre la situación crítica de la estatal. Pedirán la destitución del titular de la cementera, a quien responsabilizan de los números negativos que arroja la empresa.
Fuentes de la cementera del Estado informaron que en Vallemí la administración está presionando para que todos los contratados firmen una nota de apoyo al titular de la empresa, Ernesto Benítez, ante un eventual cambio que podía producirse en la presidencia de la compañía. “Esto se hacía en la época de Stroessner, que este señor aplica nuevamente en la fecha de hoy. Los que no firman serán descontratados”, indicaron nuestras fuentes.
Según los datos, la empresa estatal registra una pérdida de casi G. 44.000 millones en lo que va de este año, mientras la deuda a corto plazo de la firma representa G. 443.671.219.169. En este sentido, los compromisos más importantes de la cementera tienen relación con obligaciones pendientes con proveedores (en moneda extranjera), que suman G. 80.669.743.059; con acreedores por productos a entregar, por G. 32.199.114.185; obligaciones con proveedores de bienes y servicios, G. 180.889.773.048; y financiamiento temporal de caja, que llega a G. 70.676.502.779.
Impunidad pese a fracaso de la inversión de los bonos
Durante el Gobierno de Horacio Cartes, la INC recibió US$ 80 millones de los bonos soberanos para invertir en el mejoramiento del horno, de su línea de molienda y varios otros sectores de la cementera, tanto en Villeta como en Vallemí, supuestamente para aumentar la producción diaria a 90.000 bolsas de cemento y de 2.000 a 2.200 toneladas de clínker por día.
Pero esto no ocurre hasta la fecha y la empresa estatal no produce lo que debería por las fallas constantes de las máquinas que costaron millones. Por esta situación, la Contraloría General de la República (CGR) inició en octubre último una auditoría general a la firma estatal.
El ente contralor ya había revelado el fracaso de la “inversión” de los bonos soberanos, pero la Fiscalía poco o nada avanzó con las investigaciones. El caso duerme en la oficina del fiscal Jorge Arce, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, desde diciembre del 2019.