La ministra Cecilia Pérez dispuso la instrucción de un sumario administrativo a la doctora Giselle Lezcano Rivas, médica de la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo, debido a la tramitación del diagnóstico médico del narco condenado Víctor “Chapaló” Brítez Aranda.
La médica de esta forma queda a disposición de la Dirección General de Talento Humano mientras dure el proceso disciplinario.
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Así también, según informaron desde Justicia, de encontrarse indicios de que la Lezcano Rivas tuvo mal desempeño en las funciones que le fueron asignadas, no se descarta la remisión de los antecedentes de sus actuaciones al Ministerio Público para la apertura de una investigación penal.
El hecho por el cual Lezcano Rivas ahora está sometida a una investigación interna guarda relación al otorgamiento de la prisión domiciliaria a Chapaló por parte de la jueza penal de sentencia Ninfa Torres de Ramos, con base a informes médicos que por el supuesto cuadro delicado de salud del interno recomendaban que el mismo sea tratado fuera del penal.
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Informes contradictorios
Según un informe al que tuvo acceso ABC, la Dra. Giselle Lezcano Rivas remitió el 4 de noviembre de este año un informe al director de la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo, Juan Ángel Rodríguez, indicando los antecedentes de salud de Chapaló, señalando que el mismo se medica con salbutamol aerosol para su asm; además, es insulinodependiente por la diabetes y también padece de una ginecomastia bilateral.
Sin embargo, en la parte del examen físico no se hallaron anormalidades; tanto es así que la médica informó: “Paciente lúcido, colaborador, ubicado en tiempo, espacio y persona, sin rastro ni signos de violencia al momento de la inspección. Paciente en buen estado general, en seguimiento en la sanidad del penal” con diagnóstico de hipertensión, diabetes tipo dos, neuralgia, asma y ginecomastia bilateral”.
Ante estas dolencias, recomendó que sea inspeccionado por especialistas en cardiología, diabetología, traumatología, neumología, cirugía, así como la realización de análisis de rutina en laboratorio.
Cuatro días después, en otro informe presentado por la misma médica ante la jueza Ninfa Torres, el punto de que siga “en seguimiento en la sanidad del penal” cambió por “siga su tratamiento fuera del recinto penitenciario por la insalubridad y las malas condiciones del lugar, ya que el mismo es un paciente que corre riesgo de contraer otras enfermedades, así también podría causarle la muerte”.
Médicos distintos, informes idénticos
La recomendación no solo fue realizada por la Dra. Giselle Lezcano Rivas, sino también, en forma casi calcada, por la Dra. Ana Duarte, médica forense del Ministerio Público de Coronel Oviedo, y el Dr. Gustavo Brítez, médico forense del Poder Judicial, y un médico privado, Dr. César Insaurralde.
Es más, mediante una auditoría hecha a pedido de los ministros de la Corte Suprema de Justicia se pudo constatar que los informes médicos se elaboraron sin que se hayan realizado previamente estudios médicos al interno por ninguno de los profesionales citados.
En cuanto a la situación de la Dra. Ana Duarte, desde el Ministerio Público no se informó de disposición alguna, mientras que el Dr. Brítez ya fue suspendido por la Corte Suprema de Justicia, junto con la jueza Ninfa Torres y su actuaria Nélida Bogado, estas dos últimas sin goce de sueldo.
Hasta el momento tampoco se tiene conocimiento de que se tomó alguna medida sobre la fiscala de ejecución Norma Rosa Solís, quien fue la que avaló y solicitó en el mes de agosto que Víctor Brítez Aranda, preso en Coronel Oviedo, sea evaluado por una junta médica y sea tratado fuera del penal, pues dentro del mismo su vida corría peligro.