La extitular de Petropar Delia Patricia Samudio Torrás, su esposo José Costa Perdomo, y los funcionarios de la petrolera estatal Félix Marcelo Chávez, Roberto Cabrera Narváez, Miguel Darío Cáceres y Freddy Agustín Careaga deben comparecer hoy ante el juez de Garantías Julián López para la audiencia preliminar en la causa conocida como “agua tónica”.
Todos están acusados de lesión de confianza por supuestamente haberse “aprovechado de una situación de emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del covid-19 para convocar una licitación para adquirir supuestamente insumos sanitarios y desviar fondos de la institución pública”, según la acusación presentada por los fiscales Francisco Cabrera, Liliana Alcaraz y Silvio Corbeta.
La defensa había solicitado que Samudio participe de la diligencia por vía telemática, resaltando la situación emotiva o psicológica de la extitular de Petropar y para “evitar cualquier afección o perturbación a su tranquilidad ante la hipótesis de comparecer personalmente a esta diligencia con una alta carga mediática que podría perturbar todavía más su tranquilidad”.
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Sin embargo, el juez Julián López rechazó esta petición e hizo lugar al planteamiento del Ministerio Público y decidió que la preliminar se realice en una de las salas de juicios orales ubicados en el segundo piso de la Torre Norte del Palacio de Justicia de Asunción, atendiendo que poseen un espacio físico mucho mayor para el desarrollo de la diligencia cumpliendo con el protocolo sanitario establecido por el Ministerio de Salud Pública para evitar la propagación del covid-19.
Perjuicio de casi G. 360 millones
El Ministerio Público afirma que bajo la administración de Patricia Samudio, Petropar adquirió, por la vía de la excepción, de la firma proveedora “Solumedic SA”, 3.000 tapabocas N95, 5.000 botellas de agua tónica y otros insumos, por un total de G. 359.700.000. Esta suma fue transferida a una cuenta de la empresa “Racole SA”, para el pago parcial de una deuda de Costa Perdomo, esposo de la exfuncionaria estatal.
Ante la posible estrategia de la defensa de Samudio de pedir la extinción de la causa y por ende el sobreseimiento definitivo de los procesados, alegando que los G. 359.700.000 (monto del perjuicio que sufrió el Estado), ya fue devuelto en su totalidad por la empresa Solumedic S.A, la fiscal Liliana Alcaraz indicó que la devolución del dinero fue posterior al delito que cometieron los acusados.
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“Que el dinero se haya devuelto es un hecho que debe ser evaluado solo y únicamente al momento de la medición de la pena. Si la intención de la defensa es que la causa penal se extinga porque se devolvió el dinero, debe contar con el acuerdo de la Fiscalía, y nosotros no vamos a dar nuestro consentimiento para que eso ocurra”, puntualizó la fiscal de Delitos Económicos.
La agente del Ministerio Público remarcó que para la Fiscalía la causa se debe discutir en un juicio oral, aunque los directivos de la empresa Solumedic S.A. Liz Adolfina Chamorro Ferreira y Víctor Ramón Cabañas Fernández hayan devuelto al Estado los G. 359.700.000.