El gobernador cartista fue imputado ayer luego de al menos cinco meses de haber salido a la luz pública los presuntos desvíos de fondos estatales cometidos desde la Gobernación de Central, de unos US$ 1 millón que había recibido para ser utilizados para asistencias públicas por la pandemia de covid-19.
La investigación está a cargo de los fiscales de la Unidad Especializada en casos de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera y Luis Said. Estos determinaron la imputación de González (quien se había autonombrado el locutor N° 2), así como de varios funcionarios más de la Gobernación y de los responsables de la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), a la cual la gobernación entregó el dinero (ver infografía).
Esta causa se inició en junio de 2021 ante sospechas de peculado de unos G. 5.105.600.000 recibidos en el marco de la emergencia sanitaria por el covid-19 por la Gobernación, la cual a su vez redirigió el dinero a CIAP para evitar los controles de su uso. También hay indicios de falsificación de facturas e incluso pagos por obras previamente construidas con otros caudales y construcciones “fantasmas”.
La situación del gobernador González podría complicarse aún más, ya que está pendiente otra denuncia sobre un posible uso irregular de unos G. 18.000 millones. En este caso, la Fiscalía ahora dice que tampoco descarta indagar otros delitos como enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
“Claro, acá eventualmente se puede trabajar en eso (presunto enriquecimiento ilícito) e inclusive podríamos hablar de lavado de dinero, pero ya estamos hablando de otra línea investigativa”, dijo ayer a ABC el fiscal Rodrigo Estigarribia.
En cuanto a las medidas solicitadas al Juzgado Penal de Garantías, la principal es la urgente prohibición de acercamiento a la sede de la Gobernación de todos los imputados, ya que no se solicitó la prisión preventiva.
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El fiscal justificó esta decisión argumentando que es del criterio jurídico de no afectar la libertad de los investigados en la etapa previa a la acusación y en todo caso “eso lo hace el juez Penal de Garantía, no lo hace el Ministerio Público”. También dijo que el pedido de prisión preventiva no se basa tanto en la gravedad del delito, sino por el peligro de fuga y obstrucción al proceso.
Pagos por obras ya hechas
Entre los hechos más graves que surgen de la imputación, además del monto de US$ 1 millón que se habrían desviado, es que existirían obras “fantasmas” y desembolsos realizados incluso por construcciones que ya fueron terminadas en otros periodos.
“Tenemos la sospecha de que se pagó por obras que ya existían inclusive en septiembre de 2020″, comentó el fiscal Rodrigo Estigarribia entre uno de los elementos que más llaman la atención en la imputación.
En la imputación se detalla por ejemplo que hicieron figurar por ejemplo la remodelación de la Plaza Santa Ana de San Lorenzo, cuya culminación realmente es anterior a que incluso se otorguen los fondos a la Gobernación.
Una situación similar se da con un empedrado del ramal Capiatá-Areguá, con las obras de contrapuente, relleno de terreno, la construcción de un muro de contención y empedrado en el asentamiento San Blas de San Antonio y la construcción de la ciclovía de Guarambaré. Incluso, la construcción de baños sexados en un predio privado.
Además, la presunta asociación criminal liderada por el Gobernador Hugo Javier González habrían falsificado facturas a nombre de 8 empresas y personas jurídicas, así como también se detectaron funcionarios de la Gobernación, que emitían facturas a CIAP para cobrar sus salarios.
G. 18 mil millones en la mira
Esta primera imputación es en relación directa a unos G. 5.105 millones otorgados en el marco de ayuda para la “reactivación económica” para afectados por la pandemia de covid-19, sin embargo, existe otro monto mayor de G. 18.000 millones, también del rubro 800 de emergencias, que según denuncia de los concejales departamentales, tampoco tendrían respaldo documental.
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“Estratégicamente no me parece que se unan los casos, porque son hechos totalmente diferentes, son ejercicios fiscales diferentes, incluso podrían estar vinculadas otras ONG”, afirmó al ser consultado al respecto al fiscal Rodrigo Estigarribia.
El agente del Ministerio Público insistió que para el caso de los G. 18.000 millones se tiene que abrir otros proceso, ya que “si bien podes tener una cabeza, que puede ser el gobernador o el intendente, pueden haber otras personas involucradas”.
El fiscal también solicitó ayuda a funcionarios de la Gobernación o incluso a autoridades de comisiones vecinales para ampliar las denuncias contra el Gobernador, ya que de encubrirlo, eventualmente pueden ser pasar de eventuales testigos a investigados.
“Las personas que están de cerca saben lo que pasó y esas hipótesis vamos a ir confirmado y si es que no colaborar pueden ser imputados por frustración (a la persecución penal) también”, advirtió.