Los agentes Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera y Luis Said, finalmente, presentaron ayer la imputación por lesión de confianza, declaración, producción de documentos no auténticos asociación criminal contra el gobernador de Central, el cartista Hugo Javier González. Los hechos se relacionan con el presunto desvío de fondos estatales cometidos desde la institución departamental, de US$ 1 millón, que había recibido para ser utilizados para asistencias públicas durante la pandemia de covid-19.
También fueron imputados el director general de Administración y Finanzas de la Gobernación, Javier Marcelo Rojas Giménez; el presidente de la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo; el tesorero de la Fundación CIAP, Paulino De los Santos Palacios Recalde, Nicolás Eduardo Emanuel Álvarez Doria, síndico actual de CIAP, además de varios subalternos del gobernador, tales como la secretaria general de la Gobernación, Lourdes Verónica Lezcano Decoud; el secretario de Obras Públicas, Armando Adolfo Soler Espínola; el exjefe de Tesorería, Luis Eduardo Allende Araújo; el asesor jurídico, Édgar José Zaracho Quintana; el jefe del Departamento de Presupuesto, Guido Rolando Portillo Torres; Modesta Valiente Escobar, funcionaria de la Dirección de Administración y Finanzas, y el exjefe del Departamento de Fiscalización de Obras, Adalberto Benítez Aguilera y los contratistas Óscar Morel Oses, José Félix Grau Fernández y Óscar Laureano Gaete Gómez.
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Hugo Javier repartió todo el fondo de emergencia a dos organizaciones sin fines de lucro. La fundación CIAP recibió G. 5.105 millones y el Consejo Regional de Salud recibió G. 1.276 millones. En las rendiciones de cuentas aparecen facturas clonadas, obras que fueron pagadas con otros fondos, pago de salarios, facturas a crédito sin recibo de dinero, entre otras groseras irregularidades.
Obras fantasmas por más de G. 1.676 millones
El fiscal Estigarribia citó en el acta de denuncia algunas de las obras realizadas por la ONG CIAP en fecha anterior (mínimo dos meses antes) al desembolso de los fondos de emergencia que tuvo lugar en diciembre de 2020 por parte del Ministerio de Hacienda a una cuenta de la Gobernación de Central. El presunto perjuicio sería por un total de G. 1.676.891.126, por el momento, ya que “sin que obste a que existan otras supuestas obras en la misma situación, lo cual se determinará en la etapa investigativa”.
Una de las obras se refiere a la remodelación y provisión con colocación de equipos de gimnasia en la plaza Santa Ana de San Lorenzo que costó G. 230 millones, también se menciona el asfalto hecho en el acceso del Consejo Regional de Salud (sede de la Gobernación) que costó G. 390 millones, construcción de contrafuertes y rellenos en el asentamiento San Blas de la ciudad de San Antonio, cuyo monto supuestamente pagado fue de G. 55 millones.
Además, el agente se pronuncia sobre la construcción de un muro de contención de hormigón también en el asentamiento San Blas y la construcción de empedrado que costaron G. 76 millones y G. 70 millones, respectivamente.
“Cabe señalar que para estas obras el contratista José Félix Grau Fernández habría acomodado sus facturas para que pudieran ser utilizadas en las rendiciones de cuenta y presumiblemente no reflejarían la realidad”, señalan los fiscales de la causa.
También presenta irregularidades la construcción de baños sexados en la asociación de profesiones de Villa Elisa, que costó G. 42 millones. La obra habría sido hecha incluso cuatro meses antes del desembolso del fondo de G. 6.382 millones. Situación similar se presenta en la construcción de la muralla perimetral y pintura (que no se hizo) en el local de los bomberos voluntarios de Ypacaraí, por G. 13 millones. Asimismo, está en duda la construcción de la ciclovía en el acceso a la ciudad de Guarambaré que estuvo a cargo de José F. Grau y costó más de G. 797 millones.
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Hugo Javier presentó descargo
La Contraloría General de la República (CGR) notificó hace dos semanas para el descargo al gobernador de Central, Hugo Javier González, sobre las observaciones halladas en la auditoría sobre el millón de dólares.
Ayer, día de la imputación, el administrador departamental presentó su descargo ante la Dirección de Rendición de Cuentas de la CGR, según afirmó el titular de esta dependencia, Emilio Ferreira. Los auditores tienen diez días, en principio, para analizar las respuestas de Hugo Javier, para luego expedir el informe final.
Al respecto, la CGR reaccionó con tibieza en la auditoría, ya que ni siquiera se expidieron en el informe preliminar sobre las facturas clonadas que tomaron estado público, además de ignorar otras groseras irregularidades. Aun así, el contralor general Camilo Benítez niega blindaje para el gobernador de Central.