La magistrada declaró al extinción de la causa abierta contra nuestro compañero por los supuestos hechos de calumnia, difamación e injuria luego de que los propios querellantes decidieran desistir del proceso.
Hugo Wilson Armoa, propietario de la firma, que estuvo a punto de ser beneficiada en dos ocasiones con un millonario contrato para la provisión de un sistema informático para el Instituto de Previsión Social (IPS), fue quien presentó el desistimiento el pasado 22 de octubre.
Armoa volvió a ratificarse en su intención de desistir en una audiencia realizada el pasado martes. Ante esta situación, González declaró la extinción de la causa. “La presente causa no afecta el buen nombre y honor de Juan Carlos Lezcano”, señala a resolución de la jueza penal de garantías quien líneas más abajo ordenó el archivamiento de la causa.
Beneficiada dos veces
La previsional estuvo a punto de entregar el contrato a la firma Green SA en dos oportunidades, pero el proceso fue parado en ambas ocasiones por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
La primera ocasión había sido en mayo del año pasad. En ese entonces, nuestro compañero se hizo eco de denuncias realizadas por el propio gremio de proveedores de sistemas informáticos que alertaban de posibles irregularidades.
La segunda vez fue en diciembre del año pasado, en época de fiestas de fin de año. En ese entonces, de forma sorpresiva y a las apuradas la previsional volvió a adjudicar a la misma empresa, pese a los reiterados cuestionamientos.
En la segunda oportunidad, el Consejo de Administración de la previsional anuló todo el proceso basado en un dictamen de la Contraloría General de la República (CGR), que alertaba sobre varias irregularidades.
Violó ley de Contrataciones
En marzo pasado, la CGR había remitido una nota al presidente del IPS, Vicente Bataglia Araújo, en la que reconfirmó lo que ya se había señalado en un informe de diciembre del año pasado sobre el proceso de licitación para la adquisición de un sistema informático para los hospitales de la institución asentados en el departamento de Alto Paraná.
En esa oportunidad, la entidad de control había señalado categóricamente que el proceso por el cual la previsional pretendía gastar casi G. 40.000 millones violentaba el derecho a la igualdad y competencia de la Ley 2051 “De Contrataciones Públicas”. Básicamente, alertaba sobre un posible direccionamiento, pues lo establecido en el pliego de bases y condiciones podía ser cumplido única y exclusivamente por una empresa.
“En el pliego de bases y condiciones se han establecido requisitos que podrían ser cumplidos por un solo oferente”, dice taxativamente una de las observaciones realizadas por la CGR.
Viciado, según DNCP
En junio pasado, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) declaró la nulidad de la licitación que benefició en dos oportunidades a Green SA.
“La presente licitación se halla viciada desde la elaboración de las bases concursales y del informe de evaluación”, señalaron,