En la jornada de ayer, se reunieron los responsables de las comisiones Constitucionales, Legislación, Industria, Municipales y Presupuesto de la Cámara de Diputados, para socializar el proyecto de ley de regulación de juegos de azar. Participaron del encuentro el presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), José Antonio Ortiz Báez, y representantes de los gremios afectados, que son la Cámara Paraguaya de Juegos de Azar y las asociaciones paraguayas de Empresarios de Juegos de Azar (Apeja) y Operadores de Juegos de Azar (Apoja).
El diputado Justo Zacarías Irún, uno de los proyectistas y exintegrante de la comisión durante el gobierno de Horacio Cartes afirmó que la Conajzar actualmente depende del Ministerio de Hacienda, presidida por Óscar Llamosas, y que requiere de mayor autonomía y autarquía para regular el rubro. “Hoy depende del presupuesto y jurídicamente de Hacienda. Se busca darle mayor fuerza, convirtiéndola en una dirección”, explicó. En cuanto a la directiva, señaló que mantiene el consejo, que integran representantes de las municipalidades, gobernaciones y la Dirección de Beneficencia y Asistencia Social (Diben).
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Javier Balbuena, expresidente de Conajzar y consultor jurídico de operadores de juegos de azar, afirmó que existen tres propuestas y se buscarán unificar en comisiones.
Destacó dos aspectos en donde se centrará la discusión, que son las prórrogas automáticas de los casinos sin licitaciones y la centralización de las atribuciones en la regulación de los juegos de azar, y desvincular a las municipalidades.
Al respecto, Lorena Rojas, presidenta de Apoja, reconoció que existe una necesidad real de dar mayor fuerza al organismo que regula el rubro, sin embargo recalcó la desconfianza del sector hacia las autoridades y sobre todo con la actual experiencia con la “legalización” de las tragamonedas.
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Recordó que Conajzar firmó un contrato directo, sin concurso, con iCrop para “regularizar” tragamonedas en locales no exclusivos de juegos de azar, violando la normativa y el acuerdo se mantiene vigente a pesar de los dictámenes en contra de Contraloría General de la República (CGR) y de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac).
“Es difícil confiar en el espíritu de la ley cuando se viola la vigente. Queremos una ley que funcione y se respete”, exclamó.
También criticó que no se establece un perfil técnico como requisito para ejercer la presidencia de la institución, por lo que estimó que de esta manera seguirá predominando los aspectos políticos y no técnicos.
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