“Nosotros vamos a ofrecer fianzas y cauciones bancarias para poder solicitar un arresto domiciliario en algún hotel acá en Paraguay, estoy haciendo todos los trámites”, explicó el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, tras precisar que la fianza real ofrecida será de aproximadamente 1 millón de dólares por proceso.
El defensor dijo que si José Peirano Basso no vino hasta ahora no fue por decisión suya, sino que porque la justicia uruguaya condicionó su venida al Paraguay al compurgamiento de su condena en su país.
“Él no estaba rebelde porque quería, es porque hay que tener en cuenta que Uruguay dijo: ”te voy a enviar, pero primero vas a cumplir tu pena aquí”. Entonces él estaba compurgando la pena allá y ahora que ya cumplió, viene”, acotó.
José y Jorge Peirano Basso huyeron del país en el 2002, tras la caída del Banco Alemán y fueron condenados a 6 y 9 años de cárcel en su país, respectivamente.
“Ese daño patrimonial ya no existe”
“Nosotros tenemos presentados en la Fiscalía todos los acuerdos. Tenemos informes del Banco Central de que el Banco Alemán ya pagó a todos los ahorristas, este perjuicio patrimonial hoy ya no existe y tenemos acuerdos firmados con los querellantes”, explicó el defensor.
Duarte comentó que si bien no tuvo participación directa en los acuerdos, tiene conocimiento de que se realizaron el año pasado, tras la oposición de los ahorristas a que se realizara una audiencia vía telemática, en la cual Peirano pretendía plantear la prescripción de la causa abierta con relación al caso Banalemán.
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“Se firmaron acuerdos en que ellos (los querellantes) dicen que por el monto que recibían ya se daban por satisfechos y se extinguía la acción penal. El Dr. Óscar Tuma (representante de un grupo de ahorristas de Fondos Mutuos Banalemán, ya fallecido) buscó por cielo, mar y tierra a todos los que podía para firmar los concordatos y los acuerdos y a todos los que encontró, nos presentamos y acordamos”, indicó.
Duarte explicó que una vez que su cliente llegue al país el próximo 30 de octubre, el juzgado tiene 48 horas para realizar la audiencia de imposición de medidas, que deberá realizarse ante el juez penal de garantías N° 4, Raúl Florentín, quien recibió días atrás la comunicación de Interpol.
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El defensor explicó que también solicitará intervención en la causa que José Peirano Basso tiene en el juzgado de garantías N° 1, a cargo de Clara Ruiz Díaz, derivado del caso Banalemán.
Expediente, en la Corte desde el 2018
Este juzgado no tiene actualmente este expediente, elevado a instancias superiores para la resolución de una recusación presentada por el anterior abogado de Peirano (Diego González Recalde) contra el juez penal de garantías Rolando Duarte, el 6 de setiembre del 2018.
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La cuestión debió ser resuelta por el Tribunal de Apelación en lo penal, 2ª sala, integrada por los camaristas Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez y José Agustín Fernández. Sin embargo, eso no sucedió debido a que Fernández se inhibió y esa inhibición fue impugnada por Benítez, motivo por el cual el caso fue remitido a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia.
Según los datos, la camarista Benítez impugnó la inhibición de su colega Fernández, debido a que este se apartó por tener causal de excusación con José Ignacio González Macchi, representante de un grupo de ahorristas. Benítez argumentó que el citado letrado ya no tenía intervención en la causa y por eso la separación de Fernández no tenía razón de ser. Esta fue la cuestión elevada a la sala penal el 7 de setiembre del 2018 para su resolución y que pendiente hasta la fecha.
Posteriormente, la defensa desistió de la recusación al juez Duarte, la querella se allanó a ese desistimiento, pero el expediente sigue pendiente de resolución debido a que por inhibición de un miembro de la Sala Penal, esta fue integrada con la ministra Gladys Bareiro, quien falleció en agosto pasado.
Acuerdo con víctimas
Para conocer la opinión de los ahorristas sobre esta situación, contactamos con una de las querellantes. Esta persona pidió reserva debido a que ya llegó a un acuerdo con su contraparte, el cual le exige confidencialidad. Recordó que los 3.300 ahorristas afectados -Banco Alemán, Banalemán y Trade & Commerce Bank (TCB)- unos 170 presentaron querella, de los cuales unos 40 ya fallecieron y muchos están en la tercera edad.
“Ellos nos buscaron, y yo calculé, tanto esfuerzo, tantos gastos, tantos años de juicio y con esa justicia que tenemos, a la que no tengo ninguna confianza.... Entonces acepté y acordé. Pero te digo, lo que nos dieron es el 10% de lo que reclamábamos, solo alcanzó para pagar el abogado y lo que quedó, ni para cubrir la fotocopia del expediente me sirvió. Pero bueno, por mi paz mental, acepté”, explicó.
“Yo pensé: ¿cómo voy a poder con un tipo que tiene el poder de demandar al gobierno uruguayo? Él ganó un juicio en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¡Imaginate! Él tiene plata para contratar a los mejores y nosotros no estamos en condiciones de enfrentarnos a todo ese poder”, agregó.
Nuestra entrevistada dijo que estuvo esperanzada en recuperar sus inversiones cuando se repatriaron los US$ 4 millones del Banco Alemán desde Suiza, pero no vio un guaraní de ese dinero.
“En la liquidación, la última vez que nos pagaron nos dieron un 3%, un vyrorei. Cuando vino la plata de Suiza, pensamos que por fin nos iban a reponer pero nunca vimos ese dinero, nunca nos tuvieron en cuenta. Salieron con una ley diciendo que el dinero se tenía que repartir entre la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía. El BCP entró a reclamar porque era acreedor por la ley de emergencia y entre ellos quedó todo. Los perjudicados somos los últimos de la fila. La verdad, es que ya no tenía ninguna expectativa, por eso acepté el acuerdo. Y ahora viene a cumplir un formalismo para blanquearse. Para mí, es una payasada”, expresó.