“Esta magistratura solicita que, a través de la dirección a su digno cargo, se sirva informar en carácter urgente, al juzgado letrado en lo penal 26° turno de la ciudad de Montevideo de la República Oriental del Uruguay, por las vías diplomáticas pertinentes, que la carta rogatoria de extradición emanada por esta magistratura sigue vigente a los efectos de que el mencionado ciudadano uruguayo sea sometido al proceso penal ante este juzgado (...)”, refiere la nota remitida hoy por el juez Raúl Florentín Cueto a la Dirección de Asuntos Internacionales de la Corte Suprema de Justicia, para su remisión a la justicia uruguaya por vía Cancillería.
De esta manera, el magistrado contestó la notificación remitida el martes último al juzgado de garantías N° 4 a su cargo por la Interpol, que informa que dos agentes se trasladarán al Uruguay para realizar la custodia del procesado, cuya llegada al aeropuerto Silvio Pettirossi está inicialmente prevista para el sábado 30, a las 13:30.
Los hermanos José y Juan Peirano Basso están prófugos de la justicia paraguaya desde el 2002, cuando el grupo Velox –del que eran los principales accionistas– colapsó en medio de un escándalo de una cadena de fraudes, desvíos y otras irregularidades con dinero de los ahorristas de Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú y Brasil.
Integraban el grupo Inversiones Guaraní, Banco Alemán Paraguayo SA y Financiera Parapití, en Paraguay; los bancos Montevideo y Caja Obrera del Uruguay; banco Velox en Argentina, y el Trade and Commerce Bank (TCB) de Islas Caimán, entre otros.
Irregularidades detectadas
En el caso Banco Alemán, la Fiscalía detectó la prenda de los fondos del Banco Alemán en el exterior (US$ 24 millones), para la obtención de millonarios créditos a favor de la empresa vinculada Velox Investiment Company y la captación y remesa de dinero de ahorristas al TCB) de Islas Caimán por US$ 52 millones. También fue cuestionada una operación de arbitraje simulada para cubrir una transferencia ilegal de 1 millón de dólares al TCB y la consignación de datos falsos en los balances de la entidad.
En el caso Banco Alemán, el perjuicio fue de US$ 24 millones, y en caso Fondos Mutuos (que se tramita ante el juzgado de garantías N° 1, a cargo de Clara Ruiz Díaz), de US$ 13 millones.
Precisamente debido a las irregularidades detectadas en el manejo de los bienes del Alemán por parte de sus directivos, la justicia suiza ordenó al Deutsche Bank de Suiza, la devolución de los US$ 4 millones prendados en forma ilegal por Juan Peirano Basso, para la obtención de un millonario crédito.
Lea más: Ordenan devolver US$ 4 millones al Banco Alemán
Proceso será por dos hechos punibles y no tres
El exhorto remitido por el juez Rubén Riquelme a la justicia uruguaya en el 2003, precisa que los Peirano fueron imputados por lesión de confianza, conducta conducente a la quiebra y promoción fraudulenta de inversiones, pero este último delito ha sido excluido por la justicia uruguaya, por lo que el exbanquero únicamente responderá por los dos primeros.
La extradición fue concedida por el juez uruguayo Pedro Salazar y ratificada en todas las instancias, pero su materialización estaba supeditada al cumplimiento de la condena que le aplicaran en su país, por la quiebra del Banco de Montevideo, que en el caso de José fue de seis años de cárcel.
Lea más: Justicia uruguaya ratifica extradición a Paraguay de José Peirano
José Peirano también soporta un proceso paralelo que se tramita ante el juzgado de garantías N°1, a cargo de la jueza Clara Ruiz Díaz, derivado de la intervención a la entidad Fondos Mutuos Banalemán, en el que se pretendió tramitar la prescripción desde su país.
Lea más: Exbanqueros piden archivar proceso desde el Uruguay
La pretensión de la defensa tuvo fuerte oposición de los representantes de más de una veintena de ahorristas estafados.
Finalmente, la audiencia inicialmente prevista fue suspendida a raíz de una recusación planteada por la defensa contra el entonces juez interino de dicho juzgado, Rolando Duarte, y desde entonces el expediente se encuentra “varado” en instancias superiores. Según los datos, el caso está en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia desde el 7 de setiembre del 2018.