La Subsecretaría de Estado de Tributación dio a conocer esta mañana los detalles del operativo denominado “Facturación 2.0″ mediante el cual se detectaron más de 1.600 facturas de contenido falso o clonado. Luego de la presentación, se filtraron las identidades de los involucrados.
El “superproveedor” sería Cristino Jara, cuya firma supuestamente emitió facturas por un valor de G. 57.000 millones, pese a que el propietario es un octogenario que vive humildemente y sus movimientos económicos no condicen con su estilo de vida.
¿Cuáles son las municipalidades y la gobernación involucradas?
Todas las facturas emitidas, principalmente por la adquisición de materiales de construcción, fueron entregadas a las municipalidades de Jesús de Tavarangué, Mbocayaty del Yhaguy, San Roque González de Santacruz, Mbuyapey, Juan de Mena, Fernando de la Mora, Gral. Patricio Escobar, Guarambaré, Isla Pucú, Tebicuary-mi, Santa Rosa, Misiones; Villeta, Yaguarón, San Alberto, Itauguá, Ypacaraí y Pirayú.
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También figura el gobierno departamental de Cordillera, que recibió 23 facturas por un valor total de más de G. 2.740 millones.
El Municipio de Jesús de Tavarangué fue el que recibió las facturas más “abultadas”, puesto que, según el listado, en su contabilidad se hallaron supuestas compras hechas por un valor total de más de G. 12.000 millones.
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Dicha localidad es secundada por Mbocayaty del Yhaguy, que en 87 facturas falsas realizó supuestas compras por un valor de más de G. 4.822 millones. En tercer lugar se encuentra San Roque González de Santa Cruz, con más de G. 4.716 millones.
No obstante, las localidades que más facturas falsificadas recibieron fueron Juan de Mena (76), Mbuyapey (73) y General Patricio Escobar (67), seguidas de Guarambaré (60) e Isla Pucú (42).
Seis intendentes obtuvieron el “rekutu”
Las presuntas facturas falsas fueron expedidas en los últimos tres años, según la investigación hecha por la SET. Entre la lista de intendentes involucrados se encuentran varios que fueron reelegidos (rekutu) en las últimas elecciones municipales.
Se trata de los jefes comunales de San Roque González , Óscar Alberto Alfonzo (ANR); de Ypacaraí, Raúl Fernando Negrete Caballero (PLRA); de Yaguarón, Luis Gilberto Rodríguez Lugo (PLRA); de Villeta, Teodosio Romilio Gómez Ibáñez (PLRA); de San Alberto, Carlos Alberto Ramírez López (ANR), y de Fernando de la Mora, Alcides Ramon Riveros Candia (PLRA).
Los demás intendentes, que abandonan el cargo dejando este “expediente” en su haber, son: el de Mbuyapey, Luis Alberto Aponte Guerrero (ANR); de Gral. Patricio Escobar, Elvio Reinerio Ruiz Díaz Florentín (ANR); de Mbocayaty del Yhaguy, Jacinto González Cantero (PLRA); de Tebicuary-mí, Vicente Javier González Benavente (ANR), y de Santa Rosa, Misiones, Arnaldo Agustín Valdez Noguera (PLRA).
Así también, se encuentran Guido Ramón Gayoso Gamarra (PLRA), de Pirayú; Julio César Antúnez Acosta (PLRA), de Juan De Mena; Hernán Adolar Schlender Benítez (ANR), de Jesús de Tavarangué; José Asunción Vallejos Servín (ANR), de Guarambaré, y Miguel Ángel Meza Acosta (PLRA), de Itauguá.
Un intendente que salió de su puesto pero dejó como sucesora a su hermana es Hugo Alberto Fleitas Ovelar, del Partido Liberal en Isla Pucú. En su reemplazo asume Sonia Fleitas, también del mismo partido.
Por otra parte, a cargo de la Gobernación de Cordillera se encuentra Hugo Fleitas (PLRA).
Conformarán equipo fiscal
La agente del Ministerio Público Liliana Alcaraz anunció que se reunirán en las próximas horas para planificar y conformar el equipo fiscal para iniciar la investigación sobre las denuncias de la utilización de facturas falsas por municipios y gobernaciones. No quiso dar una fecha estimada para la conclusión de las verificaciones.
Agregó que solicitarán la cooperación de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), la Contraloría General de la República (CGR) y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Sobre el caso, Alcaraz refirió que se trata de un “esquema complejo por el tamaño y la cantidad de proveedores vinculados”. Asimismo, adelantó que las personas involucradas serían procesadas por distintos delitos.
Comentó también que -de acuerdo a la verificación preliminar- se trataría de un esquema de falsificación igual a los que ya vienen siendo denunciados por la SET. No obstante, afirmó que “nunca antes” recibieron un volumen tan importante de facturas falsas y presuntos involucrados.