Pérez conversó este jueves con ABC Cardinal sobre el allanamiento que se hizo en la cárcel de Pedro Juan Caballero y adelantó que ordenará el cierre de la prisión para nuevos reclusos. En el sitio fue encontrado el narcotraficante Faustino Ramón Aguayo Cabañas (44), quien habría sido el mandante del cuádruple homicidio que ocurrió el sábado último en Pedro Juan Caballero, en compañía de una mujer identificada como Mirna Keldryn Romero Lesme, quien quedó libre.
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La ministra de Justicia confirmó que Aguayo Cabañas ocupaba una de las celdas para visitas privadas, sitio que reacondicionó con lujos para quedarse recluido allí. Tenía hasta una mesa de billar y varios teléfonos celulares.
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Pérez dijo que también ordenará la investigación de los funcionarios de la cárcel, sin cuya complicidad no podría darse esta situación. “No sé cuántos funcionarios más me van a sobrar después de este episodio. Vamos a dejar con la dotación mínima de internos para que los funcionarios rescatables puedan trabajar tranquilos”, expresó.
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Reducir cantidad de presos a la mitad
La ministra dijo que los registros muestran que 865 personas están presas en esta cárcel, sitio en donde el año pasado se registró una fuga masiva de más de 70 personas. El lugar es conocido por este tipo de hechos. “Vamos a cerrar el penal de Pedro Juan Caballero. No vamos a tener ningún ingreso, ningún traslado de ningún centro penitenciario (...) Si es por mí, dejo solo la mitad (de presos)”, adelantó.
Pérez lamentó estar condicionada a un sistema que termina favoreciendo a los salpicados por hechos de corrupción. Aseguró que fiscales y jueces, además de autoridades de la penitenciaría, operan en contubernio para propiciar estos delitos vinculados al crimen organizado y el narcotráfico.
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“Esta situación es gravísima”, añadió la autoridad y agregó que lo más grave ahora es que desde dentro de la prisión se ordenen asesinatos, como el atentado del sábado pasado en que murieron Haylee Acevedo, hija del gobernador de Amambay, Ronald Acevedo; el supuesto narco Osmar Vicente Álvarez Grance, de 29 años, alias Bebeto, y dos estudiantes brasileñas. “Ante situaciones graves, tenemos que tomar medidas drásticas. Tenemos que ver la forma de mudar ese penal y que tenga un esquema de control”, agregó.
Un sistema perverso
Cecilia Pérez dijo que el sistema es “perverso”. Como ejemplo, refirió que algunos funcionarios implicados en la fuga masiva del año pasado ya salieron en libertad y la ley le ordena a ella que les reincorpore en algunas de las cárceles. “No tengo otra opción que empezar desde cero allí. El sistema es perverso, tengo funcionarios acusados y en juicio oral (...) Están en libertad, cumplieron la pena mínima. ¿Cómo les reincorporo a ellos? Tienen que volver a trabajar”, señaló.
En otro caso, contó que un funcionario que fue echado porque habría ayudado a transportar dinamita dentro de la penitenciaría fue contratado por la empresa privada que está a cargo de la seguridad del penal.
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Sobre el director de la cárcel, Virgilio Duarte, expresó que será él quien se defienda y explique cómo permitió esto. “Traté de hablar con él. Le llamé a él para que me informe cómo estaba el procedimiento en paralelo. Cuando le llamo a él, no me atendió enseguida. Se va a tener que defender en la investigación”, manifestó.
Finalmente, lamentó que todos, de alguna forma, están implicados en la estructura criminal y, si no lo hacen, terminan asesinados.