El informe de Hacienda indica que en setiembre los funcionarios activos aportaron G. 200.837 millones (US$ 29,2 millones al cambio actual) y el pago de las jubilaciones alcanzó G. 302.792 millones (US$ 44,1 millones), lo que arrojó una diferencia negativa de G. 101.955 millones (US$ 14,9 millones), lo que equivale a -34%.
Con este resultado el déficit acumulado de enero a setiembre suma de G. 878.171 millones (US$ 127,8 millones), que representa una diferencia del -33% entre el aporte jubilatorio y los haberes abonados.
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Los sectores deficitarios de la Caja de Jubilaciones son los siguientes: policías, con -62% de saldo rojo al noveno mes del año; militares, con -76%, y docentes, con -46%.
Esta brecha negativa que cada año va creciendo se cubre con los fondos de los sectores superavitarios, pero en su mayor parte con los recursos genuinos del Tesoro recaudados a través de los impuestos.
Los sectores que mantienen superávit al final de cada mes son los siguientes: empleados públicos 71%, docentes universitarios 21% y magistrados judiciales 19%, de acuerdo con el informe de Hacienda.
Funcionarios aportantes
La Caja Fiscal al mes de setiembre cuenta con 229.868 aportantes, que son los funcionarios activos de las diferentes instituciones componentes de la administración central a quienes se les descuenta el 16% de sus ingresos cada mes, y 67.685 jubilados.
Las proyecciones hablan de que este año el saldo rojo a fines de diciembre llegaría a unos US$ 150 millones y, según el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, para el próximo año el Tesoro Público prevé destinar US$ 181,6 millones para cubrir el déficit de la referida caja de jubilaciones.
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Llamosas, en ocasión de su participación la semana pasada en la última audiencia informativa de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, que analiza el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 2022, insistió en la urgente necesidad de encarar una reforma.
La propuesta de Hacienda para hacer sostenible el sistema jubilatorio público es que aquellos que se hayan retirado antes de los 62 años sigan aportando el 16%, como lo hacen los funcionarios activos. Además, suspender la equiparación que tienen los militares y policías retirados con los uniformados en actividad, a fin de que la actualización se haga en base a la inflación como se realiza con los demás sectores que componen la Caja Fiscal.
Las asociaciones de jubilados rechazaron la propuesta y se movilizaron para presionar al Gobierno para que se no presente el proyecto, por lo que finalmente este quedó a la espera de la decisión del Ejecutivo.