La extracción de datos se realiza a los celulares del titular de Aduanas, Julio Fernández; del empresario árabe Ahmad Khalil Chams y de los funcionarios Miguel Medina y Luis Pereira. Esta diligencia es muy importante para saber si hubo o no ofrecimiento de algún beneficio al senador Martín Arévalo de parte de los dos empleados públicos para sus ascensos; o de parte de Chams por la liberación de la carga de US$ 3 millones de contrabando.
Los fiscales Diego Arzamendia, Francisco Arce y Néstor Coronel explicaron que el perito del Ministerio Público ya juró y retiró los cuatro aparatos celulares para hacer el trabajo. Tiene 30 días hábiles para entregar su informe, de acuerdo a una orden judicial que había sido emitida para el efecto.
La diligencia es clave por que el hecho punible de tráfico de influencias, previsto en una ley especial, requiere que exista por los menos una promesa de beneficio para la persona salpicada, en este caso el senador Arévalo, quien fue denunciado por el director de Aduanas, pueda estar comprometido.
El Ministerio Público ya recibió las declaraciones testimoniales del director de sumarios de Aduanas, de los funcionarios de la Dirección Jurídica y de la administradora Guadalupe Ruiz. Todos confirmaron que conversaron con el parlamentario colorado. De esta forma ratificaron la denuncia.
Sin embargo, el circuito no se puede cerrar ya que hasta ahora los investigadores no tienen elementos que puedan hacer sospechar que hubo ofrecimiento de beneficio a Arévalo, sea por el nombramiento como administradores de Medina y Pereira o la liberación de la carga de contrabando.
El propio director de Aduanas en su denuncia aclara que a él no le consta que haya existido promesa de beneficio para el senador y que esa parte deja a cargo del Ministerio Publico para hacer las averiguaciones.
La ley de tráfico de influencias dice que comete el hecho: “El que reciba o se haga prometer para sí o para un tercero, dinero o cualquier otro beneficio como estímulo o recompensa para mediar ante un funcionario público, en un asunto que se encuentre conociendo o haya de conocer invocando poseer relaciones de importancia o influencia reales o simuladas”.
Se sanciona con hasta tres años o multa. La pena se puede elevar hasta 5 años, cuando el tráfico se comete al intermediar ante un juez del Poder Judicial o agentes del Ministerio Público.
Denuncia de Arévalo
El senador Martín Arévalo denunció a Julio Fernández por el hecho punible de lesión de confianza.
Afirmó en su presentación ante el Ministerio Público que el director de Aduanas vendió por G. 600 millones mercaderías que costaban en nuestro país G. 41.280 millones.
Pidió investigar el contrato entre Aduanas y el puerto privado Gical, en donde fueron depositadas las mercaderías y de donde las mismas se robaron.
Arévalo dijo que el concurso de ofertas se direccionó a favor de la firma Emeku, que adquirió las mercaderías que quedaron luego del robo.
Antecedentes
El 22 de noviembre de 2019, luego de salir de la Terminal Portuaria de Encarnación se interceptó un camión llena de mercaderías. La verificación del contenedor no contaban con documentación suficiente que respalden el origen de las mercaderías transportadas.
Ante esta situación, el camión con el contenedor fueron trasladados hasta el Puerto Almacenes General SA (Algesa), en donde se constató gran cantidad de mercaderías extranjeras sin despacho de importación. El hecho se comunicó al fiscal Edgar Sánchez, quien ordenó la detención del conductor y la remisión del transporte y el contenedor hasta Gical, Roque Alonso.
Del depósito de Gical se robaron las mercaderías.
Según la denuncia que presentó el titular de Aduanas, Julio Fernández ante la fiscalía dijo que el hecho se produjo el 24 de agosto de 2020. Sindicó como sospechosos a dos guardias de una empresa privada y a un efectivo de la Policía Nacional, encargados de resguardar el depósito a la hora del hurto.
La fiscalía no hizo absolutamente nada. No imputó a nadie por el hecho.
En el caso de contrabando, la causa actualmente está a cargo del fiscal Julio Paredes, de Ciudad del Este y tampoco se conoce que haya imputados hasta ahora, luego de varios años de registrarse el delito de contrabando.
Fernández presentó un escrito ante el fiscal Paredes, en el que solicita la imputación de Chams, que declaró ser dueño de las mercaderías de contrabando.
Abogados y sus clientes
En su denuncia ante la fiscalía contra el titular de Aduanas, Julio Fernández, el senador Martín Arévalo dijo que había recibido la visita de ciudadanos en compañía de su abogados Rafael Ortiz Villalba, del Estudio Jurídico de Oscar Paciello (titular del Consejo de la Magistratura) y Horacio Galeano Perrone. Ambos con sus respectivo clientes, “que trajeron denuncias que fueron presentadas ante el Ministerio Público, que aún se encuentran en trámite”.
El legislador dijo que los visitantes le manifestaron que no tenían respuesta de la justicia a reclamos.
Arévalo pidió al Ministerio Público que investigue a Fernández por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza.