Gremio del Mercosur respalda denuncia de intercepción ilegal de celular de abogado

El Consejo de Colegios y Órdenes de Abogados del Mercosur (COADEM) por medio de un comunicado expresó su solidaridad con el abogado Marciano Daniel Lobo Corbeta, y a la vez respalda la denuncia que acompaña el Colegio de Abogados del Paraguay de intercepción de comunicaciones del teléfono celular del letrado.

Abog. Marciano Daniel Lobo Corbeta, denunciante.
audima

El Consejo de Colegios y Órdenes de Abogados del Mercosur (COADEM) refiere en su comunicado que “las garantías de inviolabilidad de la correspondencia epistolar y los papeles privados consagrada en numerosos convenios y tratados internacionales, se extiende también al contenido de las comunicaciones telefónicas, telemáticas y los datos almacenados en las computadoras personales”.

Agrega el comunicado de apoyo al abogado: “Que los hechos denunciados por el Dr. Lobo Corbeta implican una injerencia indebida y arbitraria por parte del Estado en el ejercicio profesional, que afecta una de las facetas del ámbito de la autonomía individual que constituye el derecho a la intimidad, resultado inadmisible que las restricciones autorizadas por la propia justicia en el marco de una causa penal ponga en riesgo el ‘secreto profesional’ que como letrado se ve obligado a resguardar y garantizar”.

De igual manera, el COADEM sostiene: “Que este tipo de acciones perpetradas por parte del Estado representan graves afectaciones al libre ejercicio de la profesión del abogado y violaciones a los derechos humanos, circunstancias que no se condicen con el Estado de derecho y con el sistema democrático que rige en Paraguay”.

“En este sentido el pedido de defensa profesional del colega no se circunscribe a procurar una tutela para sus propios intereses sino que, por la índole de los derechos en juego, es representativa de los intereses de todos los profesionales del derecho del Paraguay, ya que de admitir tales interferencias, sin repudiar la actitud estatal, se habilitaría el avasallamiento de derechos fundamentales como ser la confidencialidad de los datos del cliente, por lo que solo cabe repudiar la conducta de los funcionarios judiciales que se introdujeron en un área constitucionalmente protegida”, dice asimismo el comunicado de apoyo al abogado.

El caso

La denuncia del abogado Marciano Daniel Lobo Corbeta hace referencia a la autorización otorgada por la jueza especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía para interceptar la comunicación de la línea telefónica perteneciente al letrado. Fue a pedido del fiscal Eduardo Royg, en la investigación relacionada con la incautación del cargamento de 3.415 kilos de cocaína decomisados en Fernando de la Mora por la Policía en julio último, caso en el que se encuentran procesados José Dubini Franco (defendido de Lobo Corbeta) y su hijo Juan José Dubini Verdún.

Ante el JEM

El abogado Lobo Corbeta denunció el jueves pasado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por mal desempeño de funciones a la jueza especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía de Basasni y el fiscal antidrogas Eduardo Royg, por haber autorizado y solicitado, respectivamente, la intercepción de su teléfono celular, quien en ese momento ejercía la defensa de Juan José Dubini Franco, procesado por el caso de droga.

Colegio solicitó sanción y Corte descartó irregularidades

El miércoles último, el Colegio de Abogados del Paraguay, presidido por Manuel Riera, solicitó a la Corte Suprema de Justicia, al Ministerio Público y al Ministerio del Interior que tome medidas para sancionar a la jueza Montanía, al fiscal Royg y a la jefa de la Unidad de Inteligencia Sensible, Laura Vega de Oliver, por lo que calificaron de actuación de irregular e inconstitucional.

En tanto la Corte Suprema de Justicia que preside César Manuel Diésel, en un comunicado descartó la existencia de irregularidades en la intervención judicial.

Cámara rechazó recusación a jueza

Los camaristas Gustavo Ocampos González y Arnulfo Arias Maldonado rechazaron la recusación contra la jueza Rosarito Montania, tras argumentar que la disconformidad con las actuaciones del juzgado no debe ser motivo de recusación, sino que se debería utilizar los resortes correspondientes para revisar las actuaciones que cuestionan.

A su vez, Gustavo Auadre votó en minoría, al plantear que antes de resolver, se pida un informe al fiscal Royg, sobre las diligencias realizadas con relación al número investigado y a la empresa telefónica, sobre el usuario registrado como titular de la referida línea, entre otras diligencias.

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