La Gobernación de Central, cuyo administrador es el gobernador Hugo Javier González (ANR, Partido Colorado), recibió del Poder Ejecutivo en diciembre US$ 1.000.000 (G. 6.382 millones al cambio a finales de 2020) para la reactivación económica del departamento Central durante la pandemia.
Inmediatamente, el gobernador repartió el dinero a la CIAP, presidida por Tadeo Álvarez, que recibió G. 5.105 millones para hacer obras de infraestructura y mantenimiento de espacios públicos; y al Consejo Regional de Salud, presidido por Hugo Cabrera, que recibió G. 1.276 millones para abastecer a hospitales.
Las irregularidades detectadas por la Secretaría Nacional de Anticorrupción (Senac) y Auditoría General del Poder Ejecutivo respecto al gasto del millón de dólares son numerosas.
Aún está pendiente la conclusión de la auditoría que la Contraloría General de la República inició hace casi cinco meses.
Pero, a pesar de las anomalías y de la denuncia penal hecha por la Senac y la Subsecretaría de Estado de Tributación, los fiscales Rodrigo Estigarribia, Luis Said y Francisco Cabrera no procesaron a nadie.
Otra burla
“Deficiencia documental por obras realizadas” se titula el ítem del informe final donde auditores de la Senac y de la Auditoría General del Poder Ejecutivo observaron irregularidades, en los proyectos denominados “Reparación general de dos aulas y cocina en el Centro Educativo Departamental Municipal Carmen Casco de Lara de Itauguá” y “Remodelación y provisión con colocación de equipos de gimnasia en la plaza Santa Ana de la ciudad de San Lorenzo”.
Las obras fueron ejecutadas por la firma Arquitrabe y costaron en total G. 230 millones.
Durante el control documental, el equipo auditor constató inconsistencias como el hecho de que “los presupuestos visualizados en el legajo no tienen fecha de emisión, ni recepción por parte de la Fundación CIAP (contratante). Tampoco se visualiza fecha de elaboración en el cuadro comparativo de precio, elaborado por CIAP”.
La observación más llamativa refiere que “según acta de inicio de trabajo el representante de la Fundación CIAP, Tadeo Álvarez, se constituyó en diversos lugares, misma hora y fecha”.
Según el acta, Álvarez estuvo en Itauguá y San Lorenzo el 11 de enero de 2021 a las 07:00,para “verificar” los trabajos, actividad propia de arquitectos, ingenieros civiles y fiscalizadores.
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Hugo Javier se defiende
El gobernador Hugo Javier González intentó defenderse de las observaciones, pero su vaga respuesta no convenció a los auditores, que se ratificaron en las anormalidades.
González alegó que “por error involuntario se omitió la fecha en los presupuestos y en el cuadro comparativo de precios. En cuanto a la fecha y hora de las actas de inicio de trabajo, por error involuntario no se actualizó la hora (…) correspondiente a la obra de Itauguá”.
“La Gobernación de Central no puede asumir la inconsistencia como un error involuntario, puesto que no son documentos producidos por la misma”, dicen los auditores.
El CIAP en teoría se dedica a la formación de profesionales en diversas disciplinas y “cualquier otra acción licitada que concuerde con su finalidad y objetivos”.
Pero la ONG recibe millonarias transferencias desde 2019 para hacer obras de infraestructura. Su estatuto no fue modificado.
“Existe una severa inconsistencia entre el objeto del convenio y el objeto social de la Fundación”, ratifican los auditores.
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Miembros multidisciplinarios
El CIAP está conformado por miembros aparentemente muy versátiles que se adaptan a cualquier necesidad.
Por ejemplo, Paulino Palacios, abogado y árbitro de profesión, es tesorero de la fundación y fue contratado por el Consejo Regional de Salud como disertante de charlas sobre diabetes e hipertensión arterial.
También proveyó medicamentos y cobró por servicios de albañilería, según planillas en poder de ABC Color. Embolsó más de G. 154 millones.
Contraloría y Fiscalía de la mano
Según lo manifestado por el exdirector de Rendición de Cuentas de la Contraloría, Mario Florenciáñez, la auditoria sobre el uso del millón de dólares duraría máximo 45 días.
Sin embargo, a casi cinco meses de su inicio, esa auditoría no finaliza.
Fuentes aseguran que recién luego de las elecciones municipales que se realizarán el 10 de octubre “habrá novedades” en el caso.
El fiscal Rodrigo Estigarribia afirmó que la investigación “está en su etapa final”, pero hasta la fecha, a tres meses de la denuncia penal, nadie fue procesado.