La semana pasada se conoció que la periodista Yolanda Park, su pareja Jorge “Chipi” Vera, Carlos Troche y otros periodistas están implicados en un caso de evasión de impuestos. En el caso de la comunicadora, está imputada por la producción de documentos no auténticos, es decir facturas falsas. El hecho causó indignación tratándose de figuras públicas que, aparentemente, habrían maniobrado para no pagar tributos.
“Este es un caso que no damos a conocer desde Tributación. Este caso salió a luz porque la señora (Park) tiene una audiencia preliminar por el proceso penal; estas personas fueron imputadas por producción de documentos no auténticos, es decir facturas falsas. El Ministerio Público allanó una oficina contable en Luque en agosto del año pasado, eran más de 50 empresas fantasma. Allí se probó el uso de facturas falsas por parte de estas personas y se inició el proceso penal”, recordó Orué.
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El caso de evasión de impuestos
El viceministro rememoró que la empresa contable que se allanó el 26 de agosto del año pasado, denominada GSM SA, ofrecía a sus clientes facturas falsificadas para evadir impuestos. En la situación de Park, Orué dijo que ella alegó que desconocía este hecho y que ya pagó todo lo que corresponde a Tributación, aunque no dijo de cuánto fue el monto, ya que se trata de una información privada.
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“Hasta donde yo sé no (no sabía sobre las facturas falsas), eso fue lo que ella mencionó. Hoy está solucionado el problema en el ámbito administrativo; se acercó y abonó. Ella alegó que fue responsabilidad de su estudio contable”, añadió Orué, al tiempo de recordar que la responsabilidad de quien gestiona los trámites contables es del contribuyente y no del contador. En ese sentido, Orué recomendó no dar la contraseña del sistema Marangatú a los contadores para más seguridad.
Unos 900 procesados
La Fiscalía pidió criterio de oportunidad para Park, pero no mencionó el caso de los demás comunicadores. “(La Fiscalía) pide informes, si es que se pagó, cuándo se pagó. No es que denunciamos a tal o cual persona, sino que denunciamos a un estudio contable. En principio no sabíamos que había más personas involucradas, teníamos 120 personas sospechosas, pero allí encontramos a 900 personas”, manifestó el viceministro.
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El caso es tan grande para la SET que todas las 900 personas físicas y jurídicas fueron procesadas por el Ministerio Público. “Además, el fiscal acusó a las personas que tuvieron una acción dolosa en ese proceso”, sostuvo.
Del total de 900 procesados, unos 200 pagaron sus impuestos y multas, lo que no les exime de la responsabilidad y el proceso penal. Hasta ahora, la SET logró recuperar US$ 10.000.000 (unos G. 70.000 millones), aunque quedan muchos otros tributos por cobrar. El caso está a cargo del fiscal Juan Ledesma.