El presidente de la Comisión Bicameral del Congreso para el control de los recursos previstos en la Ley de Emergencia Nº 6.524/2020, el senador Amado Florentín (PLRA, Partido Liberal), realizó una gira por Villarrica a pedido del presidente de la Junta Departamental, Guido Girala (PLRA), para hacer una verificación de dos obras tras una serie de irregularidades denunciadas por los ediles guaireños.
“Con relación a la supuesta planta generadora de oxígeno, pudimos constatar que no está en funcionamiento, adentro de la estructura no se ve equipamientos considerables, o sea la Gobernación en julio ya cancela por esta instalación y aun no funciona”, indicó el senador Florentín.
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Sobre la construcción de un pabellón de contingencia en el Hospital Regional de Villarrica, el senador Florentín explicó que pudo verificar que “están dos o tres empleados de la empresa encargada trabajando en el lugar, se está realizando, evidentemente el avance no es significativo hablando de 700 millones (de guaraníes) que no sabemos si es de la cancelación de la obra o parte del costo, todo se hizo absolutamente fuera del llamado a licitación, por transferencia directa, acá hay un montón de irregularidades”.
Indicó que presentará un informe completo de las visitas que realizaron a las obras inconclusas ante el pleno del Congreso Nacional.
“Vamos a comunicar al pleno del senado, a la Comisión Bicameral, y vamos a solicitar la ayuda de la Contraloría General de la República y la Secretaria Anticorrupción”, puntualizó el legislador.
Según documentos a los pudo acceder ABC Color, la Gobernación de Guairá ya pagó G. 1.500 millones para la construcción de la planta generadora de oxígeno y otros G. 700 millones para el pabellón de contingencia.
Sin embargo, todavía no se entregaron ninguna de las dos obras.
El gobernador de Guairá, el colorado Juan Carlos Vera, dijo que brindaría declaraciones a ABC Color pero finalmente no lo hizo.
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La Junta Departamental de Guairá, de forma unánime, denunció al gobernador Vera por los supuestos delitos de lesión de confianza, estafa y falsificación de firmas por la construcción de un supuesto “gimnasio de oro” por el que se pagó más de G. 500 millones, obra que tampoco ha concluido.