Un cargamento de US$ 3 millones es el centro de la discordia entre el titular de Aduanas, Julio Fernández; y el senador colorado Martín Arévalo, quienes se denunciaron mutuamente por tráfico de influencias y lesión de confianza. El cargamento de mercaderías fue incautado en 2019, calificado como contrabando y vendido a finales del año pasado.
La carga incautada en 2019 figuraba a nombre de las empresas OVF SA e Importadora GECU SA, aunque el empresario Ahmad Khalil “Armando” Chams asegura ser el propietario.
Según publicó la misma DNA a través de comunicados oficiales y hasta en redes sociales, lo que no llegó a ser robado del cargamento incautado fue vendido por concurso de precios a la firma Emeku SA, en la que aparecen como directivos Mario Daniel Quiñónez Cattebecke –ligado a la prófuga Dalia López– y el candidato colorado a la intendencia de Ybytymí, Denis Adalberto Vera Giménez.
Días atrás, a través de la cuenta oficial de la DNA, se había asegurado que las mercaderías habían sido vendidas por G. 600 millones a Emeku SA, que tiene a Vera Giménez como síndico.
De la carga inicial que tenía valor de US$ 3 millones, según Aduanas solo quedaron mercaderías por valor de unos US$ 100.000
Sin embargo, Vera Giménez entró en contradicción con esta versión en una entrevista concedida a Monumental AM.
“Nosotros compramos por valor de G. 2.800 millones”, dijo a la señalada emisora.
Curiosamente, el tuit en el que se publicó el dato sobre la compra fue borrado de la cuenta oficial de Aduanas.
Lo que corresponde
Guadalupe Ruiz, administradora de Aduanas, aseguró ayer a ABC Color, que el tuit fue borrado debido a que no se había hecho la aclaración suficiente y que se volvería a publicar con más datos.
“La empresa pagó un total de G. 610 millones a través de un depósito hecho vía Visión Banco”, afirmó Ruiz a nuestro diario.
La funcionaria aduanera afirmó que el cargamento originalmente tenía un valor de G. 18.000 millones y tras el robo quedaron mercaderías por valor de G. 2.800 millones. Sin embargo, aclaró que existe diferencia entre el valor y lo que puede cobrar la institución.
“Ese valor de G. 2.800 millones surge de la valoración y verificación realizada por Aduanas. Sin embargo, lo que pagó el comprador corresponde a los tributos establecidos de esa valoración”, afirmó.
Ruiz señaló que lo que busca el Estado es recuperar el valor de los tributos que habían sido evadidos inicialmente por las cargas de contrabando y que por eso se establece como precio de base el monto que se debía percibir en ese concepto.
“Entonces, las mercaderías valían G. 2.800 millones y en el mercado probablemente más, pero Aduanas no puede cobrar el precio de mercado sino partir de la base de lo que se debía cobrar en tributos”, manifestó la administradora de la institución.