“Yo no vengo solo a hablar, voy a presentar documentos que demuestran el tráfico de influencias”, afirmó Julio Fernández, director de Aduanas a su llegada al Congreso Nacional.
El funcionario se presentará esta tarde ante la Comisión Especial de Lucha Contra el Contrabando, para hacer su descargo sobre la denuncia por tráfico de influencias que hizo contra el senador Martín Arévalo.
Según Fernández, “con documentos” demostrará los ilícitos cometidos por el parlamentario y también dará explicaciones sobre los hechos por los que fue denunciado por Arévalo, las que carecen de todo sentido, según dijo.
Sobre la desaparición de la carga de artículos electrónicos de valor de US$ 3 millones, comentó que este hecho fue denunciado ante las instancias correspondientes pero el proceso investigativo no corrió.
Para Fernández, el senador Arévalo “está dando manotazos de ahogado” para intentar librarse de las acusaciones y atacarlo.
Minutos antes de que Fernández diera su versión, el senador Martín Arévalo se presentó ante la Comisión y dio su versión de los hechos. Este reiteró sus denuncias contra el titular de Aduanas.
Según el parlamentario, seguirá denunciando los ilícitos en los que está involucrado Fernández y demostrará que él (Arévalo) no cometió tráfico de influencias. “Yo aclaré desde un primer momento que tenía problemas en mi celular, no tenía algunos mensajes. Tráfico de influencia conlleva que alguien reciba dinero, acá hay una cortina de humo”, expresó.
El legislador remarcó que Fernández no dio curso a ninguna de las solicitudes que le fueron hechas y manifestó que tenía una buena relación con el funcionario y que solo le pidió que reciba a los abogados del dueño de la carga en cuestión y no la liberación de esta.
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El pasado 9 de setiembre, Fernández, titular de Aduanas, presentó una denuncia contra el senador Arévalo por supuesto tráfico de influencias. El legislador supuestamente intervino para la designación de funcionarios de la Aduana en puestos claves y también pidió la liberación de una carga irregular.
En su defensa, el parlamentario dijo que la denuncia es una persecución política y un amedrentamiento en su contra y comenzó con una serie de contradenuncias contra Fernández.
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Tras las denuncias, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, designó a los fiscales Diego Arzamendia y Jorge Arce para investigar el caso.