“Esta una rosca mafiosa, que se pusieron de acuerdo para asaltarle al Estado”, acusó Arévalo, sosteniendo en que en los videos de seguridad se observa como el robo de mercaderías valorada en US$ 3 millones, realmente se realizó sin violencia y con toda sospecha de complicidad de los funcionarios del depósito de Gical.
El legislador insistió en la responsabilidad penal de Fernández, ya que el contrato de alquiler del depósito privado no prevé ningún tipo de seguro contra el robo de cargas u otros siniestros. “¿Cómo no va a tener seguro contra todo tipo de situación un lugar en donde hay mercaderías millonarias?”, reprochó, exhibiendo los contratos de alquiler.
El legislador también aportó como elementos de sospecha contra el titular de Aduanas, que vendió la parte de la carga que no fue robada a la empresa Emeku S.A., del dirigente colorado Denis Vera, también presuntamente ligado a la prófuga Dalia López.
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Arévalo fue el primero en intervenir y citó la Ley que castiga el Tráfico de Influencias en su defensa, alegando que la misma estipula que debe haber una promesa de algún pago o beneficio, lo cual según afirmó, no existió en su caso.
“No hay delito alguno porque primero luego a mí nadie me ofreció plata, yo no pedí plata. El director (Fernández) en su denuncia dice que a él no le consta que haya habido delito, porque no puede decir que hubo dinero de por medio”, alegó y se ofreció a someterse al polígrafo (detector de mentiras).
“Hasta me sometería al... ¿Cómo es que se llama?... el polígrafo y todo se hace falta”, afirmó. Si bien no admitió haber solicitado ubicar a funcionarios en puestos claves en Aduanas, sí dijo conocer a las personas nombradas en los mensajes donde supuestamente se formula el pedido a Fernández.
Arévalo primeramente intentó evadir la pregunta de su colega y correligionaria, Lilian Samaniego (ANR), que le interrogó sobre las capturas de pantalla con mensajes donde supuestamente el senador le pide a Fernández ubicar a los funcionarios Luis Roberto Pereira Recalde y Miguel Ángel Medina Prieto en direcciones importantes, pero el senador Enrique Riera (ANR) le insistió al respecto.
“Niego categóricamente esa situación (supuesto tráfico de influencia). Sí reconozco que le conozco a estas dos personas; son dirigentes colorados, uno de la seccional 18 y otro de la seccional 17, convencionales del Partido Colorado, funcionarios antiguos de más de 20 años”, sostuvo aunque se desentendió del presunto pedido de cargos.
Al ser insistido por Riera sobre si reconoce los mensajes, Arévalo dice que no tiene esos mensajes en su celular, por lo que “no puedo aceptar algo que no es mío” y consideró que al menos los que vio, decía aparentemente que eran mensajes reenviados.
“El mecanismo paraguayo”
El titular de Aduanas acusó a Arévalo de supuestamente querer liderar algo que bautizó como el “mecanismo paraguayo” de “asociación criminal” para el tráfico de electrónicos de contrabando, al querer ubicar a Medina Prieto y Pereira Recalde, que según dijo, llamativamente están muy ligados a los dueños de la carga de contrabando que es el génesis de esta disputa.
Fernández mencionó que los contenedores clonados incautados por contrabando, tenían en común a Gregorio Cubilla, representante de las empresas OVF. SA y Gecu SA. y llamativamente, los dos funcionarios que eran promocionados por el senador Arévalo eran los que más intervenciones tenían en cargas de estas dos empresas.
Según recuento de Aduanas, puntualmente Miguel Medina intervino 282 veces en cargas ligadas a Cubilla, mientras que 223 veces el funcionario Luis Pereira, destacó que llamativamente Arévalo pidió que se los ubique como administradores de la terminal portuaria Almacenes Generales SA, (Algesa) en Ciudad del Este y en el Aeropuerto Silvio Pettirossi, donde se gestionan cargas de electrónicos.
Al supuesto “esquema” también sumó al comerciante libanés Ahmad Khalil Chams, como supuesto financista del contrabando y dijo Fernández, que reconoció que si bien recibe otros pedidos por funcionarios, lo que le molestó es que “acá además de presionar exageradamente, estamos viendo una asociación criminal entre gente que efectivamente está en la clandestinidad”.