Esta mañana se reunieron los integrantes de la comisión asesora de lucha contra el narcotráfico, ilícitos y conexos de la Cámara de Diputados, los diputados Edgar Acosta, Carlos Rejala y Tito Ibarrola (presidente) para tratar el proyecto de ley “por el cual se establecen medidas de protección a los menores de edad ante las influencias de las máquinas tragamonedas”, bajo la modalidad virtual pero sin que sea transmitido en el canal oficial de Youtube de la Cámara Baja. Los legisladores dictaminaron a favor de la propuesta aprobada por Senadores, a mediados de julio.
La decisión se tomó en base a un informe de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) que recomendaban hacerlo. Entre los aspectos más resaltantes de la propuesta está que se prohíbe la explotación de las tragamonedas en presencia de niños, en sitios de libre acceso, como hamburgueserías, despensas y otros, y en caso de no cumplirlo, el responsable se expone a una multa de un jornal mínimo, además de la incautación de las tragamonedas que será destinado a la asistencia de niños con tratamiento de ludopatía.
La propuesta establece que es potestad de las municipalidades la habilitación de las salas exclusivas de juegos de azar, ratificando lo dispuesto en la Ley N° 1016/97 de Juegos de Azar, y reitera que es la responsable de controlar las disposiciones así como de incautar y destruir las máquinas que son utilizadas en sitios prohibidos.
El fin del contrato de iCrop y Conajzar
Javier Balbuena, asesor de juegos de azar y expresidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) indicó que las disposiciones de este proyecto de ley, de aprobarse en el Congreso y promulgarse por el Ejecutivo significará el fin del contrato entre Conajzar y iCrop SA, representada por Ariel Peña Flores.
La citada empresa tiene a su cargo censar, catastrar y explotar tragamonedas en comercios de libre acceso a niños, como los kioscos, despensas y otros que no son exclusivos de juegos de azar. Se trata de una autorización de la comisión presidida por José Antonio Ortiz Báez, mediante la Resolución N° 34/2020.
Ortiz explicó que se trata de la aprobación de un plan planteado por la empresa y que tiene por objetivo proteger a los niños de las tragamonedas que son utilizadas de manera clandestina en todo el país. Sin embargo, se cuestiona que en la práctica consiste en la creación de una estructura para obtener recursos de manera ilícita y lavar dinero, lo que motivó a que se le interpelé en el Senado y casi se le aplicó la censura, ya que sólo faltaron 5 votos.
También se le cuestiona la adjudicación de la quiniela a la empresa TDP SA, del expresidente Juan Carlos Wasmosy, y la reducción del canon a las concesionarias en pandemia, lo que representó una caída de la recaudación de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), institución para la asistencia sanitaria y sobre todo, en pandemia.
Los demás integrantes de la directiva de la comisión son Carmen Corina Alonso, por la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben); Ricardo Núñez Giménez, representante de las municipalidades; Rubén Antonio Roussillón Blaires, gobernaciones, y Omar Rodrigo Mongelós González, Ministerio del Interior, además de Ortiz, quien ejerce la presidencia y representa al Ministerio de Hacienda. Todos son designados por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, vía decreto.