El intendente local, Carlos Amarilla, pidió a los supuestos representantes de Icrop S.A. que se respete la autonomía municipal que cuenta con una ordenanza tributaria que establece el canon que deben pagar los que tienen máquinas electrónicas.
Asimismo, pidió que respeten el territorio a los carapegüeños; además, que se pueda hacer una reunión conjunta con los responsables de la Conajzar, la Municipalidad y con Icrop S.A., y posterior a dicho encuentro que se realice una reunión con los que trabajan en el rubro y no así de manera arbitraria, tipo allanamiento estar molestando a los trabajadores.
El ejecutivo comunal dijo que quiere hacer prevalecer la ley orgánica municipal Nº 3966/2010, que habla de autonomía municipal en el control, cobro y recaudación por los juegos de azar y que también cuentan con la ordenanza tributaria Nº 11/2020 y sus modificaciones, que está sobre una resolución interna de la Conajzar.
El lord municipal dijo que así como Icrop S.A. quiere hacer prevalecer la resolución de una comisión, la municipalidad también pide respeto a la autonomía y a la ley tributaria, que establece un pago mensual de G. 100.000 mensual por cada máquina electrónica.
La nota firmada por el gerente general de Icrop S.A., Ariel Peña, señala que la modalidad de explotación de máquinas electrónicas, tragamonedas en locales cuya actividad comercial principal es diferente a juegos de azar, deberán regirse por la disposición de Conajzar.
Refiere además que la explotación de las máquinas tragamonedas se viene dando hace varios años en diversos locales comerciales; la misma era de carácter irregular y con la resolución Nº 34, Conajzar autoriza a Icrop S.A. como agencia regional en Paraguarí, que es la que deberá proveer los implementos necesarios para que se cumplan las disposiciones. Se recuerda en la nota que la agente del departamento Central es María Mercedes Zarza Delvalle.
En la misiva, Peña advierte que las facultades de fiscalización y control corresponden exclusivamente a Conajzar y que la Icrop S.A. es la encargada de comunicar a la comisión de cualquier explotación irregular que detecten para combatir la clandestinidad, mediante intervención del Ministerio Público.