Con el voto en mayoría de los ministros Luis María Benítez Riera y María Carolina Llanes la Sala Penal de la máxima instancia judicial declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación interpuesto por los abogados José Antonio Valenzuela Pavón y Celso Castillo Arréllaga, en contra del Acuerdo y Sentencia N° 39 del 17 de mayo de 2021, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal 2ª Sala.
Los ministros del máximo tribunal de la República concluyeron que el recurso interpuesto por la defensa de los procesados Pedro Milciades Duré, parlasuriano por el Partido Liberal Radical Auténtico; y Justo Gamarra Suáres, intendente del distrito de Iruña, por el Partido Colorado; no reúne los requisitos formales exigidos por el artículo 477 de Código Procesal Penal para ser atacada por la vía casacional.
Por su parte, el ministro Manuel Dejesús Ramírez Candia votó en minoría por admitir el recurso planteado, para su correspondiente análisis, alegando que la defensa expuso las razones por las cuales considera que la resolución le causa agravio y porque expresa que la prescripción se dio antes de dictarse el fallo impugnado, mientras se encontraba en trámite el recurso de apelación especial.
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Con esta decisión de la Sala Penal queda firme el fallo del Tribunal de Apelaciones 2ª Sala, que hizo lugar a la apelación presentada por los fiscales Francisco Cabrera y Rodrigo Estigarribia y anuló la Sentencia Definitiva N° 13 del 9 de enero de este año, por la cual los magistrados Juan Pablo Mendoza, Laura Ocampo y Fabián Weinsensee absolvieron de culpa y reproche a Duré y a Gamarra del proceso por presunta lesión de confianza en la compra irregular de tierras de San Agustín.
Ahora se deberá integrar el Tribunal de Sentencia y fijar fecha para realizar un nuevo juicio oral y público en contra de los acusados por el presunto negociado.
Perjuicio de G. 60.000 millones
La compra se concretó en el 2013, en el gobierno de Federico Franco, por la suma de G. 60.294.298.050, y las tierras debían ser destinadas a la agricultura familiar campesina, pero el resultado de un estudio demostró que no eran aptas para ese fin.
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Los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción habían solicitado una pena de 5 años y 5 meses de cárcel para ambos acusados, asegurando que el primer juicio oral se probó la compra irregular de tierras a través del Indert, cuando Luis Ortigoza estaba al frente de la institución.
Duré y Gamarra eran miembros de la Junta Asesora del Indert que en el año 2012 avaló la compra de las cuestionadas tierras, ligadas al exsenador por el UNACE, Jorge Oviedo Matto.