El director de Rendición de Cuentas de la Contraloría, Mario Florenciáñez, dijo que está siendo corregido el informe final con respecto al uso del dinero que la Gobernación del departamento Central había entregado a organizaciones no gubernamentales (ONG) en el 2019. Fue durante el programa Expediente Abierto, emitido anoche por ABC Tv y en el que se desarrolló el caso que salpica a Hugo González.
“En el 2019 encontramos que la Gobernación de Central recibió, en este concepto, la suma de G. 19.000 millones para hacer los diferentes trabajos. Hemos auditado todo ese rubro y actualmente estamos por quitar el informe final respecto a eso”, explicó Florenciáñez. Agregó que “fueron ejecutados más del 85% de los G. 19.000 millones que recibieron en el 2019. De ese monto obligaron G. 18.000 millones y pagaron G. 17.000 millones”.
El informe preliminar al cual tuvo acceso nuestro diario refiere que el 60 por ciento de los G. 18.000 millones desembolsados carece de documento respaldatorio. Es decir, las ONG no justificaron en qué gastaron G. 9.288 millones.
La ley establece que los organismos y entidades del Estado y los gobiernos municipales deberán llevar un registro de las entidades beneficiarias de aportes y transferencias recibidas. Asimismo, serán los encargados de realizar las transferencias y analizar la razonabilidad y sustentabilidad de los gastos, para lo cual podrán solicitar las documentaciones necesarias que respalden las operaciones.
Los millones de guaraníes
En lo que respecta al dinero entregado por la gobernación a la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), que son G. 5.105 millones, y que fueron cobrados en su totalidad en febrero último, Florenciáñez respondió que la conclusión de esta fiscalización especial se tendría a fines de este mes. “Estamos trabajando, todo el equipo está mirando”, enfatizó el funcionario.
Los periodistas del diario ABC Gladys Villalba y Juan Jara, quienes llevan adelante la investigación de las irregularidades detectadas en la administración de Hugo Javier González, también estuvieron en “Expediente Abierto” y criticaron la lentitud del Ministerio Público para imputar a los involucrados en la presunta falsificación de facturas para justificar el uso de G. 5.105 millones que el gobernador entregó a la Fundación de Tadeo Álvarez.
Puntualizaron además que los representantes de la ONG cobraron dicha cantidad en ventanilla del Banco Nacional de Fomento, entre el 12 y el 18 de febrero de este año, atentando contra disposiciones legales, que establecen que el dinero debe ser desembolsado mediante una transferencia bancaria.
Al respecto, Villalba, detalló que los representantes de CIAP afirmaron que el cobro en ventanilla del BNF es algo que hacen de forma normal en los procesos licitatorios de la Gobernación de Central.
El Ministerio Público tiene una investigación penal abierta a cargo de un equipo de fiscales encabezados por Rodrigo Estigarribia. Una de las diligencias realizadas fue el allanamiento del local de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional.
Negocio con CIAP se concretó en tres días
El 17 de noviembre de 2020 la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) presentó a la Gobernación de Central el proyecto denominado “Construcción y mantenimiento de espacios públicos”, con un presupuesto de G. 3.063.360.000.
Al día siguiente, el 18 de noviembre, la administración de González suscribió un convenio marco de cooperación interinstitucional con CIAP, a fin de ejecutar el proyecto.
El 19 de noviembre la ONG presentó otro proyecto, esa vez para pavimentación asfáltica en Central, por G. 2.042.240.000.