Sandra Quiñónez asignó a los fiscales de la Unidad Especializada de Crimen Organizado, Marcelo Pecci, fiscal delegado de la Unidad, a los fiscales Federico Delfino, Lorenzo Lezcano y Alicia Sapriza, a fin de que intervengan juntamente con la fiscala Raquel Vera, quien está de turno.
En conversación con ABC TV, Vera destacó que el caso ahora está a cargo de la Unidad Especializada de Crimen Organizado. Señaló que irán investigando todas las hipótesis que se manejan sobre el asesinato de Mauricio Schuartzman.
También se tomarán declaraciones de testigos, se analizarán circuitos cerrados y otros puntos que puedan ir dilucidando el trasfondo, la causa y a los posibles autores morales y materiales.
Vera no aclaró si el asesinato del hombre tendría algo que ver con la megacarga de cocaína incautada en Fernando de la Mora el pasado mes de julio, aunque tampoco descartó la posibilidad.
Indicó que las imágenes del circuito cerrado de la zona aún no fueron analizadas, pero ya se libraron los oficios para acceder a las mismas. “Se harán los análisis correspondientes para hacer la extracción de las imágenes”, comentó.
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Sicariato sacudió el Barrio Jara
Mauricio Schuartzman de 52 años, conocido en el ámbito deportivo, llegaba a su casa en su vehículo cuando lo sorprendieron y lo acribillaron con 14 balazos, presumiblemente con diferentes tipos de armas. La zona suele ser muy tranquila y no es considerada una zona roja de nuestra capital.
Según la Policía, los asesinos tenían planeado el ataque justo cuando el hombre llegaba a su vivienda ubicada sobre la calle San Agustín entre Concordia y Florida.
La situación empeora el miedo social ante la ola de inseguridad. De asaltos callejeros, a ingreso a viviendas o locales comerciales para hurtar, llegamos a asesinatos para grandes robos y ahora un sicariato en esta parte del país.
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En 2004, Schuartzman fue procesado por la supuesta comisión de delitos económicos en torno a la obtención irregular de devoluciones de impuestos para su empresa exportadora de cuero Pasex S.A., que obtuvo retornos tributarios por valor de G. 21.592 millones entre 1999 y 2003, obtenidos mediante la utilización de facturas de una empresa fantasma, según acusó el Ministerio Público.