La Contraloría General de la República (CGR) busca transparentar la publicación de las declaraciones juradas de los funcionarios estatales y también corregir algunas insuficiencias que presenta la actual ley, y para ello, el contralor Camilo Benítez presentó un anteproyecto a ser considerado en el Congreso.
Entre los principales puntos que se plantean en el anteproyecto se establece la eliminación de la orden judicial para publicar las declaraciones, teniendo en cuenta que se encuentran publicadas sólo hasta el 17/06/2021.
También se deroga la Ley 6355/19 (Proveedores del Estado) ya que existen más de mil suspensiones por medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia. Cabe recordar que la Ley 6355 había incluido entre los obligados a presentar declaraciones juradas a los accionistas y directivos de empresas proveedoras del Estado.
En el proyecto se pide que se mantenga el límite establecido en la Constitución Nacional que establece que los sujetos obligados a presentar las manifestaciones de bienes son los funcionarios públicos nombrados, contratados y de elección popular.
En otro parte, se racionaliza el monto de las multas por incumplimiento estableciendo de acuerdo al salario. “Se pretenden modificar los valores de dichas multas de conformidad con las condiciones económicas y salariales del sancionado, para hacer así viable y justa dicha sanción”, expresa el documento.
Igualmente, se dispone el acceso directo a todos los datos contenidos en todas las instituciones públicas a fin de acelerar el proceso de examen de correspondencia.
Además, pretende disponer de los recursos necesarios para la implementación de un sistema para la realización del examen de correspondencia. “Dispóngase la asignación de recursos presupuestarios a la Contraloría General para la implementación, desarrollo y puesta en marcha de una plataforma informática para la elaboración de los exámenes de correspondencia”, precisa el artículo 27 del anteproyecto.
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A partir del 24 de junio de 2020, la Contraloría General de la República comenzó a publicar las declaraciones juradas de las más altas autoridades de la República. En un hecho sin precedentes, la ciudadanía tuvo acceso a las declaraciones juradas de bienes de quienes ocuparon los más altos cargos de la República entre 1998 y 2017.