El recientemente reelecto contralor general, Camilo Benítez Aldana (ANR), remitió el jueves un proyecto de modificación de la ley que regula las Declaraciones Juradas de Bienes y Renta de los funcionarios públicos, obligación establecida en la Constitución Nacional.
Básicamente, el proyecto busca derogar algunas de las modificaciones establecidas en la ley 6355/19, que originalmente buscaba transparentar los documentos pero que terminó estableciendo más trabas para el libre acceso ciudadano a la información.
Sujetos obligados
El proyecto recuerda que el artículo 104 de la Constitución Nacional establece que los sujetos obligados de presentar las manifestaciones de bienes son los funcionarios públicos nombrados, contratados y de elección popular. Sin embargo, la Ley 6355 había incluido entre los obligados a presentar Declaraciones Juradas a los accionistas y directivos de empresas proveedoras del Estado.
“El presente proyecto considera esencial mantener el límite establecido por la Constitución Nacional”, afirma el documento firmado por Benítez Aldana.
“También es necesaria una actualización y definición por Ley, del régimen público que debe primar sobre las declaraciones juradas, tanto, el contenido de la declaración, como el resultado del examen de correspondencia”, agrega la justificación que hace referencia a la ley de Acceso a la Información y a las decisiones de la Corte Suprema que ordenó la liberación de los documentos.