Hugo Javier González, gobernador del departamento Central, transfirió el 16 de julio de este año G. 1.100 millones al Consejo Regional de Salud, presidido por Hugo Cabrera, para la ejecución de un proyecto denominado “Gestión inclusiva sin barreras en Central”.

Se desconoce qué plantea exactamente el proyecto y para conocer más detalles tratamos de comunicarnos con Cabrera, pero el mismo no contestó nuestras llamadas.

Luego de esa transferencia, el Consejo Regional de Salud realizó varias donaciones de mobiliarios, equipos médicos, medicamentos e insumos a varios hospitales de Central, artículos que supuestamente ya fueron adquiridos anteriormente, entre enero y febrero de este año, con el fondo de emergencia por covid-19 de US$ 1.000.000.

Auditores que investigan el uso del fondo de emergencia afirmaron que el Consejo Regional de Salud no está reconocido por el Ministerio de Salud Pública. De hecho, la Dirección de Descentralización del Ministerio de Salud confirmó a ABC Color que no cuenta con el último acta de asamblea o la nómina de los miembros del consejo directivo de la organización.

Factura de un taller mecánico

El Consejo Regional de Salud de Central recibió de la administración de Hugo Javier González, a inicios de este año, la suma de G. 1.276 millones provenientes del fondo de emergencia por covid-19 de US$ 1.000.000, para brindar asistencia a hospitales.

Hugo Cabrera rindió cuentas sobre esta transferencia con tres facturas: dos de la empresa Gaesa S.A., de donde se adquirieron varios muebles, insumos y equipos médicos en compras separadas por las sumas de G. 192 millones y G. 257 millones.

Pero la duda gira en torno a la tercera factura, expedida por la metalúrgica “MG” de Miguel Gutiérrez, por el monto de G. 593 millones por la supuesta compra de mobiliarios hospitalarios.

Empleados de esa empresa aseguraron que esos artículos no se fabrican en el taller, que se dedica a la fabricación de carrocerías para camiones de gran porte.

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Investigan uso de fondo especial

La Gobernación repartió los US$ 1.000.000 a dos organizaciones sin fines de lucro: La ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidida por Tadeo Álvarez se llevó G. 5.105 millones y el Consejo Regional de Salud presidido por Hugo Cabrera recibió G. 1.276 millones.

En la rendición de cuentas se hallaron facturas falsas, empresas que no existen en las direcciones declaradas, compras que no condicen con el rubro al cual se dedican los proveedores, entre otras anomalías.

La Secretaría Nacional de Anticorrupción y la Subsecretaría de Estado de Tributación denunciaron el pasado 8 de julio la comisión de los supuestos hechos punibles de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos, manipulación de traficaciones técnicas y frustración de la persecución y ejecución penal.

Pero hasta la fecha nadie fue imputado y los fiscales de la causa, Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera y Luis Said se mantienen en silencio.

Un representante de la Secretaría Nacional de Anticorrupción sostuvo que existen suficientes indicios de hechos de corrupción para que varias personas sean imputadas.

El gobernador González incluso se atrevió a reemplazar las facturas y a presentar una rendición distinta al Poder Ejecutivo por una diferencia de más de G. 1.600 millones.

Hasta la fecha no fueron reportados los informes finales de las auditorías que llevan a cabo la Contraloría General de la República, la Auditoría General del Poder Ejecutivo y la Secretaría Nacional de Anticorrupción. En un informe preliminar de esa última institución se visualizan numerosos hallazgos de despilfarro del dinero público.

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No existen documentos falsos

El gobernador González sostiene que “no se identifican documentos de contenidos falsos y que tampoco se identifican inconsistencias tributarias, contables ni administrativas”.

Además sigue defendiendo a la ONG CIAP y dijo “personas innominadas presentaron una información falsa a nombre de CIAP a la Gobernación”.