Con voto en mayoría de los ministros Manuel Dejesús Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera, la Sala Penal de la máxima instancia judicial declaró inadmisible la recusación promovida por la coacusada Nancy Genoveva Núñez de Rousillón en contra de los integrantes del Tribunal de Apelación Multifueros de la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes.
Por su parte, la ministra María Carolina Llanes, en minoría, votó por admitir el recurso para su análisis y no hacer lugar a la recusación planteada por la encausada, quien, emulando el actuar de los demás procesados, recusó al juez en lo penal de la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes, Christian González, y logró suspender por 30ª vez la audiencia preliminar que fue convocada para el pasado 10 de agosto.
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Con esta decisión del máximo tribunal, los camaristas Juan Carlos Olmedo, María Elena Meza y Christian Bernal tienen vía libre para analizar la recusación del juez Chistian González, quien en caso de ser confirmado en la presente causa deberá fijar nueva fecha para la diligencia, en la que debe resolver si eleva a juicio oral y público el caso, como solicitó en su requerimiento conclusivo el fiscal adjunto Federico Espinoza en marzo de 2015.
Además de Nancy Núñez y su esposo Rubén Rousillón, en la causa están acusados el exgobernador de Presidente Hayes Óscar Venancio Núñez (hermano del diputado colorado Basilio Núñez), Raúl Ernesto Delgado Torres, Marlene Altemburger Da Silva y Edulfo Antonio Verón Recalde.
Chicanas traban proceso desde el 2012
En 2012, la Contraloría General ordenó auditar la gestión del periodo 2011 del entonces gobernador. En el año 2013, el órgano contralor presentó denuncia ante el Ministerio Público por el presunto desvío de más de G. 800 millones.
Se abrió una investigación que estuvo a cargo del entonces fiscal Martín Cabrera, que en 2014 imputó a Óscar Venancio Núñez, y Emigdio Benítez, quien completó el periodo del primero, además de otros.
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En marzo del año 2015, el entonces fiscal adjunto anticorrupción Federico Espinoza presentó la acusación contra Núñez y otras 12 personas, entre ellas el actual gobernador Rubén Rousillón Blaires. Sin embargo, después de 6 años aún no se puede hacer la audiencia preliminar para siete acusados en la cual se tiene que resolver si estos van o no juicio oral.
La primera acusación de la Fiscalía contra Núñez fue por el perjuicio de G. 32.182 millones y en el periodo de Benítez el presunto desvío llegó a G. 11.807 millones. A esto se debe sumar G. 11.058 millones, monto que fue acusado por el actual fiscal de la causa, Luis Said.
Según la acusación, para justificar las erogaciones los administradores presentaron facturas falsas, algunas de ellas emitidas incluso a nombre de la Gobernación.