La abogada Rossana Báez Mendoza, presidenta de la firma Cardenales SA, ratificó que se produjo una invasión de la propiedad. “Se utilizó como mecanismo el transporte de una vivienda de madera que se “plantó” en nuestra propiedad”.
Sobre el objetivo de esta maniobra dijo que “la intención es alevosa hasta el extremo: presentar la casa “plantada” como si fuera una antigua posesión y así reivindicar posesión”.
Agregó que “ningún usurpador puede exhibir documento sobre el inmueble G07/5122 de Abaí. La empresa cuenta con título de propiedad, mensura judicial, planos georreferenciados y posesión”.
Enfatizó que “contamos con imágenes satelitales que demuestran que la casa “plantada” en nuestra propiedad nunca estuvo allí”.
Negó que existiera información falsa. “Resulta categórico que la abogada Delia Mabel Roldán, su hermano y su esposo invadieron la propiedad de Cardenales SA. No pueden refutar que “plantaron” la casa transportada en un camión para alegar posesión de larga data. Como auxiliar de la justicia no puede prevalecerse de la profesión para violar la Constitución Nacional o impedir el cumplimiento de una orden judicial. Tampoco puede incitar a sus clientes a violar medidas cautelares como lo viene realizando.”
Invasión con el esposo y el hermano de la abogada
Cuestiona la presidenta de Cardenales SA que “si la abogada Delia Mabel Torales estaba cumpliendo órdenes de su cliente ¿cómo justifica que su esposo Mauro González, oficial del Registro Civil, estuvo apoyando la invasión en el inmueble según el parte policial y el acta del oficial de justicia? ¿Por qué Rodrigo Roldan, hermano de la abogada Delia Roldan, amenazó al oficial de justicia, si simplemente se trataba de un prestador de servicios?”.
Sobre el brasileño Leo da Silva, Báez Mendoza dice que “el Indert realizó el censo en la Colonia María Auxiliadora. 115 familias fueron beneficiadas. El brasileño Leo Da Silva ni siquiera ocupa el inmueble”.
Recalcó que Cardenales donó 1050 hectáreas al Indert, para la reforma agraria, en el 2018.
Terminó diciendo que “la delincuencia desalienta inversiones pese a que el Paraguay cuenta con el mejor escenario económico y tributario en la región, pero no hay seguridad jurídica”.