El planteamiento de reconsideración fue concretamente contra la adjudicación para la construcción de una planta de tratamiento de agua, a un costo de G. 60 mil millones aproximadamente, que de seguir adelante comprometerá los recursos municipales hasta el año 2024, teniendo en cuenta que la modalidad de pago establecida es plurianual.
Los recurrentes cuestionan que dicha adjudicación se da sin tener siquiera el permiso de la Itaipú Binacional para utilizar el predio de la entidad para la planta de tratamiento, que se pretende construir a orillas del río Paraná (zona del poligonal envolvente de la Itaipú).
Manifiestan igualmente su extrañeza por la inexistencia de un proyecto marco para licitar la obra, la falta de licencia ambiental y por sobre todo el comprometimiento de recursos que va más allá incluso del año de la revisión del anexo C del Tratado de Itaipú (2023).
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“El dinero que tiene Salto para sus obras proviene de la Itaipú. Nadie sabe aún lo que va a pasar a partir del 2023 con nuestra ley de compensación, pero estos ediles ya están endeudando a la comuna hasta el 2024. Es realmente grave lo que están haciendo y pueden crear un caos jurídico muy perjudicial para Salto”, señaló David Pereira, uno de los responsables del pedido de reconsideración.
También consultoría
Además de la costosísima obra, los concejales salientes ya aprobaron otra licitación en tiempo récord, relacionada al mismo objetivo. Se trata de la contratación de una consultoría para la fiscalización de la planta de tratamiento, cuya apertura de ofertas está prevista para este martes 7 de setiembre. Para dicho menester, pretenden destinar la suma de G. 3.200 millones.
Al igual que la obra principal, la consultoría para la fiscalización, también fue llamada por la vía de la excepción, a fin de evitar los plazos y otras exigencias legales que requiere una licitación normal.
Las dos licitaciones fueron impugnadas en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), pero el actual intendente Wilson Báez y los ediles que lo acompañan, hicieron caso omiso. Ahora la propia DNCP requiere a la comuna todas las documentaciones y argumentaciones que justifiquen el apuro.
Los candidatos a la Junta plantearon concretamente que se paralice todo proceso sobre la planta de tratamiento y la fiscalización y que dejen dichos proyectos para el estudio, consideración y la aprobación a la nueva administración comunal que deberá asumir en noviembre próximo.
Según el abogado y candidato a concejal Jorge Fleitas, no existe dudas de que el apuro por comprometer el patrimonio de la comuna a futuro tiene por objetivo sacar provecho personal por parte de los ediles que están a punto de dejar sus cargos.