El juicio inició y finalizó el mismo día, el 23 de agosto pasado y el Tribunal estuvo presidido por la jueza Nancy Adorno y sus miembros fueron Roberto Villamayor e Isabel Meza de Leguizamón. Los magistrados por unanimidad decidieron sobreseer a Antonio González en la causa, quien tenía prisión domiciliaria.

“La persona procesada debe declarar ante el Ministerio Público y es tanta la importancia de esa declaración ante el Ministerio Público que el Código Procesal Penal en su artículo 350 establece de forma categórica que el Ministerio Público no podrá acusar sin antes haber otorgado oportunidad suficiente al imputado a declarar”, sostuvo la jueza Nancy Adorno.

La magistrada agregó que esta causa tuvo varios fiscales y que ninguno de ellos llamó al afectado “ninguna sola vez para declarar ante la sede fiscal”. La presidenta del Tribunal dijo además que de las 198 fojas que tiene la carpeta fiscal, no existe en la misma, ninguna sola notificación ni mucho menos una declaración.

“Abiertamente se incumplió esa normativa del código procesal penal y eso tiene como una sanción de nulidad porque esta persona fue acusada sin haber sido intimada por el Ministerio Público sobre el hecho del cual se le estaba imputando. Entonces, ese es el sustento del fallo”, explicó la jueza Adorno.

La defensa de Antonio González, representada por el abogado Omar Mazacotte, presentó un incidente ante el Tribunal donde alegó que su defendido nunca fue llamado a declarar por el Ministerio Público, indicó la magistrada.

“Nosotros como miembros de un tribunal debemos controlar con mayor celo el cumplimiento de todas las garantías que rigen el debido proceso. Y al constatarse esa falencia no se puede hacer la vista gorda y no convalidar la falencia de la institución como el Ministerio Público”, expresó Adorno.

La causa estuvo a cargo de una Unidad Especializada en Trata de Personas en el 2018 a cargo de la ahora Ministra de la Niñez y la Adolescencia, Teresa Martínez. Posteriormente fueron designados otros fiscales, pero a juicio llegó de la mano de Claudia Moris.

Finalmente, la jueza Nancy Adorno dijo que la causa no debió ser elevada a juicio oral ante la grave falta, que fue la declaración del imputado.

“Realmente esto tenía por qué llegar a juicio, porque para llegar a juicio existe una etapa previa que es la audiencia preliminar y en esa audiencia preliminar el juez de garantía tiene la obligación de hacer el control exhaustivo de toda la acusación”, puntualizó.

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Antecedentes

En febrero de 2018, la fiscala Teresa Martínez imputó a Antonio González, quien era presidente del club Rubio Ñu de Luque, por trata de personas con fines de explotación laboral y sexual tras el polémico y viralizado caso que reveló oscuros manejos en el fútbol. Ordenó su detención.

De acuerdo a los datos, el caso saltó a la luz a raíz de los viralizados videos donde el propio González amenazó al futbolista Bernardo Gabriel Caballero (25 años) con fundirle la carrera deportiva porque dejó de ser su pareja. Además, se indica que lo extorsionaba con revelar fotografías íntimas.

La fiscala Teresa Martínez indicó en ese entonces que González incurría primero en la captación de jugadores en el interior del país, a quienes trasladaba a Luque con la promesa de convertirlos en futbolistas profesionales.

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