El juez de garantías Julián López elevó hoy a juicio oral y público la causa que afronta el exfiscal general Javier Díaz Verón y su esposa, María Selva Morínigo, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, respectivamente.
Previamente el magistrado rechazó los incidentes de nulidad absoluta de la pericia contable y nulidad absoluta de la acusación, que fueron planteados por las defensas. Sin embargo, hizo lugar al incidente de prescripción parcial del hecho de lavado de dinero para Selva Morínigo y la exclusión del informe realizado por un veterinario, por considerar que debía ser una pericia.
Los abogados Mario Elizeche Baudo y Derlis Martínez ejercen la defensa del extitular del Ministerio Público; y los abogados Mario Elizeche González y Luis Olmedo representan legalmente a la mujer, acusada de por haber lavado supuestamente el dinero que su esposo obtuvo ilegalmente en la función pública.
Según la acusación presentada el 13 de agosto de 2019 , el exfiscal general del Estado y su esposa no pueden justificar nada menos que G. 10.495.174.320, entre los ingresos y egresos que tuvieron entre el 2008 y 2017.
Los fiscales Nathalia Silva y Osmar Legal puntualizaron en la preliminar que el desfasaje entre los ingresos y egresos se empieza a dar en el 2010, con relación al exfiscal general del Estado, cuando era fiscal adjunto. Ese año tuvo más gastos que dejó un déficit de G. 277.362.657. Al año siguiente, otro déficit de G. 195.585.539. En el mes de noviembre de 2011, Díaz Verón fue nombrado fiscal general del Estado y siguió arrastrando déficit año tras año. En 2017 culminó con egresos –que no puede justificar– por G. 615.756.078 y así sucesivamente. El gobierno de Estados Unidos lo declaró “significativamente corrupto” y prohibió su ingreso al citado país, restricción que afecta además a su esposa, también acusada, y a sus hijos.