El proceso de reorganización, que será gradual, comenzó con la firma de la resolución 491/2021 por parte del ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, el 10 de agosto. La viceministra Alcira Sosa detalló que a nivel nacional había supervisores que tenían siete instituciones a su cargo, mientras que otras tenían 98 instituciones. A partir de la disposición, las escuelas y colegios quedaron divididos en 476 áreas educativas y cada supervisor pasará a tener un promedio de 25 instituciones a su cargo.
Sin embargo, hoy el presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), Silvio Piris, y el presidente del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), Miguel Marecos, presentaron recursos de reconsideración contra la resolución ministerial 491, “por la cual se reorganizan las supervisiones educativas del territorio nacional en áreas educativas, para fortalecer el acompañamiento a las instituciones educativas de gestión oficial, privada y privada subvencionada, en todas sus dimensiones”.
“La mencionada resolución y sus anexos atentan contra los derechos adquiridos por los supervisores administrativos y pedagógicos ganadores de concursos, pues no solo se hace una reingeniería de las supervisiones con el nombre de Transformación Educativa, sino que se realiza una redistribución de las supervisiones por áreas con inserción pedagógica y sociocomunitaria, desapareciendo la figura de la supervisión administrativa por zona región que facilitaba y respetaba la división geográfica para cada supervisión”, señalan ambos recursos.
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“Se ha creado la figura única de supervisor administrativo por cada departamento del país”, cuestionan los gremios en los documentos presentados, que plantean reconsideración de la resolución y “la suspensión del acto administrativo por adolecer de vicios en sus elementos esenciales y graves violaciones de derechos con su aplicación. En este sentido, no existe ninguna ley ni articulado del Estatuto del Educador ni en la Ley General de Educación que establezca que el supervisor administrativo departamental cuente con facultades y atribuciones ajenas a lo normado para las designaciones en cargo de base y ascenso, sin concurso, diseño, modificación de normas positivas vigentes, soslayando principios del derecho administrativo”.
“Es importante agregar que la supuesta reorganización de las supervisiones administrativas del país en áreas educativas va en desmedro del sistema educativo y de los derechos y condiciones laborales del docente”, agregan los recursos interpuestos ante el ministro Juan Manuel Brunetti.
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La nota firmada por Silvio Piris, de la FEP, añade que la resolución es arbitraria y demagoga y afirma que se desconoce “cuál sería el verdadero objetivo de tamaño disparate para un acto administrativo”. También advierte que de quedar ficta la resolución, iniciarían una acción judicial en contra.