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Numerosas son las irregularidades que han sacudido la gestión del colorado Domingo Adorno al frente de la Gobernación de Alto Paraguay.
Solo en esta página se reflejan tres llamados a licitación que fueron suspendidos por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) por estar viciados de irregularidades.
Por ejemplo, la DNCP ordenó la anulación de la licitación para la provisión de merienda escolar entre 2019 y 2020 como consecuencia de carencias varias en el pliego de bases y condiciones. Esto representó un duro golpe para un servicio vital para los alumnos de la zona.
Otro caso fue el proceso de licitación para la compra de una máquina purificadora de agua, que la administración del colorado Adorno terminó adjudicando a la firma Caval Consultoría SA. La empresa se dedicaba a la venta de lubricantes, es decir ni siquiera era del rubro y también estaba ligada a un funcionario cercano al gobernador.
Y hubo problemas hasta para la compra de combustible, que también tuvo que ser anulada por la DNCP.
Estos tres casos son apenas ejemplos de las incontables irregularidades de la administración de Adorno.
<b>Denunciantes asumen</b>
La semana pasada se renovó la mesa directiva de la Junta Departamental.
La vicepresidencia quedó para Nicolás Feltes (PEN) y como uno de los secretarios asumió Erasmo Rodríguez (ANR).
Feltes y Rodríguez habían solicitado a la CGR un pedido de auditoría de la gestión de Adorno tras detectar una diferencia de más de G. 2.000 millones entre la rendición de cuentas del año 2019 presentada a la Junta Departamental y una fiscalización realizada por un profesional contratado por los ediles.
Según la denuncia de Rodríguez y Feltes, las diferencias más notorias se presentan en el rubro de combustibles y lubricantes por G. 1.200 millones y en compra de alimentos para asistir a poblaciones vulnerables por G. 600 millones. También existe una inconsistencia de G. 344 millones en el monto gastado para la construcción del “puente Boggiani” del camino que conduce a la localidad de Puerto Guaraní, indica la denuncia.
Los denunciantes afirmaron que también se observa una diferencia de G. 170 millones en la compra de motobombas para el sistema de desagüe del distrito.
Por otra parte, un grupo de ganaderos de la localidad de Agua Dulce también denunció al jefe departamental por consignar en la ejecución del año 2019 el uso de G. 700 millones para la construcción de sistemas de corta fuego para frenar los incendios forestales en la zona. Los trabajos fueron pagados por los productores pecuarios, según afirmaron.