El acuerdo que derivó en el levantamiento de la movilización campesina en la capital incluye principalmente el establecimiento de una mesa técnica, que se reunirá la próxima semana, entre los líderes de la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) y de la Articulación Campesina, Indígena y Popular (ACIP) y los representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). En otro de los cuatro puntos que tiene el convenio, se ratifica un acuerdo que fue firmado el 27 de enero de este año, para dar tratamiento prioritario a los proyectos productivos presentados por la CNI y la ACIP. También indica que los programas deberán ajustarse a las disposiciones legales y reglamentarias garantizando las transparencia y la información pública.
En el tercer punto señala que se levanta la medida de fuerza adoptada desde el pasado lunes en la capital. Uno de los ítems manifiesta que darán seguimiento al acuerdo establecido por los senadores Sixto Pereira, Hugo Rícher y José Ledesma, cuyas bases políticas integran los grupos afectados al documento.
El acuerdo fue firmado por la viceministra de Agricultura, ingeniera agrónoma Betina Aguilera, por el MAG; mientras que por las organizaciones campesinas rubricaron Jorge Galeano, Belarmino Balbuena y otros nueve dirigentes.
Por su parte, el dirigente de la CNI Jorge Galeano comentó a ABC TV que el MAG accedió a negociar los fondos reclamados por esa organización.
Señaló que del total del dinero aprobado por el Gobierno para los programas de asistencia a las familias campesinas, solo un 20% fue para transferencias directas a sus organizaciones campesinas, y que el resto “se entregó a otros sectores, que no sabe a quienes”. “Van a restituir toda esa plata y desde el miércoles se van a atender los proyectos carpeta por carpeta”, dijo.
Mesa de trabajo
Igualmente indicó que se llegó a un acuerdo para que la Cámara de Senadores instale una mesa de trabajo para analizar el tema de la deuda campesina, con un encuentro programado para el próximo miércoles, con presencia de representantes del Crédito Agrícola, del Banco Central del Paraguay y del Banco Nacional de Fomento. Reiteró los reclamos al Ministerio Público ante las denuncias de supuestos desalojos de más de 800 colonias o asentamientos de hecho de campesinos.
“Nuestro reclamo es que se suspendan, siendo que hay una recomendación de las Naciones Unidas de parar los desalojos durante la pandemia”, señaló Galeano.
Están contra el ministro Bertoni
Por otro lado, el cuestionado líder campesino Jorge Galeano informó que los diferentes grupos se estaban ya preparando para volver a sus hogares y que también gran parte de los indígenas, pero que otra agrupación reducida permanecerá para continuar otros reclamos al Instituto Paraguayo del Indígena (Indi).
Ante la respuesta que dio el ministro de Agricultura, Santiago Bertoni, sobre los fondos que los campesinos no rindieron, Galeano alegó que ellos sí demostraron que justificaron. En consecuencia dijo que piden la destitución del Bertoni.
Antecedentes de los piqueteros
Es importante recordar que los líderes de las organizaciones que integran la CNI y la ACIP hicieron firmar el 15 de octubre del año pasado otro “acuerdo” con el presidente del Congreso Nacional, Óscar Salomón; el entonces ministro del Interior, Euclides Acevedo, como parte del “chantaje para levantar la movilización”.
Dicho acuerdo transgrede la Constitución Nacional y el Estado de derecho, porque pretende intervenir en procesos del Poder Judicial, según explicaron especialistas del sector productivo.
Dicho documento, destaca en el sexto punto, que es uno de los aspectos más importantes, en que Salomón y Acevedo comprometieron al Ejecutivo y al Legislativo a implementar una mesa de trabajo para intervenir en los desalojos de propiedades privadas, evitando su ejecución, “en tanto no se demuestre fehacientemente la titularidad de la misma, en una acción civil y estudiando caso por caso”.
En este sentido, se debe recordar que el parlamentario Fulgencio Rodríguez informó a la prensa que existen unas 800 invasiones de propiedades que tienen orden de desalojo, que, según él, se deberían evitar.
En los demás puntos se previó la instalación de una mesa de trabajo con organizaciones campesinas para negociar aspectos relacionados con el acceso, legalización y recuperación de tierras para la reforma agraria y a través del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert); entre ellas, efectivizar la entrega de las tierras recuperadas del crimen organizado que están inscriptas en nombre del Estado paraguayo, para destinar a la reforma agraria.
Otro de los temas centrales en discordia tiene que ver con el dinero transferido directamente a organizaciones campesinas. En el punto uno del documento firmado, el Poder Ejecutivo se comprometió a reasignar recursos al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), que en principio se previeron para Obras Públicas, para la reactivación de la agricultura familiar campesina. Específicamente de un fondo de US$ 25.000.000.
En segundo lugar, el Poder Ejecutivo se comprometió a ejecutar otros US$ 5.000.000 que ya se encuentran presupuestados en el MAG, de acuerdo a los planes de producción elaborados conjuntamente por la citada cartera y las organizaciones.
Proliferación de invasiones
Unas 800 invasiones de grupos campesinos e indígenas existen actualmente en propiedades privadas en distintas zonas del país, y que ya tienen trámites de desalojo en la Fiscalía General del Estado, según se informó en la reunión realizada el pasado miércoles, en el Senado.
La proliferación de invasiones campesinas ya fue denunciada en varias oportunidades por la ARP y la UGP desde principio de este año, señalando que se debe a la politiquería, por ser año político. La situación genera dispares opiniones, unos actuar según las leyes y otros postergarlas considerando la pandemia.