La fiscala Sandra Ledesma encabezó una serie de allanamientos en la ciudad de Luque, el fin de semana último. Los procedimientos se realizaron por explotación “clandestina” de tragamonedas en sitios diferentes a las salas exclusivos de juegos de azar y que no están regularizadas por iCrop SA, representada por Ariel Peña, firma contratada de forma directa, sin concurso ni licitación, por la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), presidida por José Ortíz.
La comitiva estuvo integrada por funcionarios de la Fiscalía y agentes de la Unidad Especializada de Delitos Económicos de la Policía Nacional, además de representantes de la concesionaria. La orden de allanamiento fue firmado por el juez penal de garantías N° 3 de la Ciudad de Luque Nelson Romero, quien se encontraba de turno en la oficina de atención permanente de la circunscripción judicial del departamento Central- San Lorenzo.
Omar Galeano, uno de los afectados, indicó que averiguó en la Municipalidad que la empresa iCrop no cuenta con habilitación para realizar dichas intervenciones. Lo hizo porque hace quince días recibió un comunicado de la firma en el que le invitaba a “regularizar” sus máquinas, en cumplimiento de la Resolución N° 34/ 2020 de Conajzar, cuya potestad para regular juegos de azar es cuestionada por varias comunas que alegan que eso es competencia municipal. Dicha resolución es la autorización para las actividades de la concesionaria y que actualmente es cuestionada también por la Cámara de Senadores, que inclusó interpeló al titular de Conajzar por esta cuestión.
“iCrop SA es una empresa fantasma, que ni existe en los registros de la Municipalidad de Luque, pero la Policía y Fiscalía vienen a nuestros locales y rompen todo para llevar unas máquinas. Actúan con violencia y suma prepotencia cuando ni siquiera aclaran aspectos jurídicos para hacer su trabajo”, lamentó el comerciante.
Agregó que hace quince días aproximadamente recibió una nota firmada por Peña, en la cual se le invitaba a regularizarse a través del registro de las máquinas (y por supuesto, el pago de un canon) con una de las “agencias” de iCrop, llamada María Mercedes Zarza Delvalle, “cuyos datos se encuentran en la página web” de iCrop. En dicho espacio no se encontró ningún contacto de ella ni de las otras agencias de la concesionaria, además, Galeano destacó que esa nota carece de valor jurídico. Lamentó que en estas circunstancias no tengan a qué institución recurrir.
Se intentó conversar con la fiscala Ledesma, respondió que se encontraba en audiencias y se comprometió a dar declaraciones sobre los operativos en el transcurso de la tarde.