Tras dos días de juicio oral y público donde las defensas presentaron numerosos incidentes, el viernes último el Tribunal de Sentencia presidido por Fabián Weisensee e integrado por Juan Pablo Mendoza y Laura Ocampos dispuso un cuarto intermedio hasta el miércoles, ocasión en que la fiscala antidrogas Lorena Ledesma contestará los incidentes planteados por los defensores.
Nulidad de la acusación, extinción de la causa y exclusión de una prueba clave cual es la escucha telefónica, con algunos de los planteamientos en que coincidieron en plantear los distintos defensores.
.Los policías acusados son el suboficial mayor Roberto Lezcano Martínez, el oficial inspector Francisco Antonio Díaz Ibarrola, el suboficial mayor Cirilo González Carmona, el suboficial inspector Marcial Florez Gauto, el subcomisario Edgardo Daniel Acosta, el oficial 1º Darío Bernardo Pinienta Estigarribia, el oficial inspector Hugo César Ortiz y el suboficial 1º Osmar Eustaquio Zaracho.
La acusación presentada por la fiscala antidrogas Lorena Ledesma contra los ocho policías por asociación criminal, tráfico, tenencia y comercialización de drogas y cohecho pasivo agravado, sostiene que tras cobrar US$ 200.000 para “liberar” a dos personas detenidas con un camión cargado de marihuana, los agentes se organizaron para escoltarlos con la droga hasta su destino final, que sería la Argentina.
Sin embargo, el grupo fue interceptado por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en territorio nacional, ocasión en que se produjo la aprehensión de varios uniformados. Otros fueron incluidos posteriormente en el proceso, como resultado del trabajo investigativo que incluyó escuchas telefónicas, entre otros elementos.
En este mismo juicio también son juzgados, los civiles que transportaban la droga José Manuel Sugo Dafonte y Joel Leiva Acosta, quienes están acusados por tráfico, tenencia y comercialización de drogas.
Los antecedentes del caso se remontan hasta el 10 de mayo del 2017, cuando agentes antidrogas interceptaron un camión Scania, en el kilómetro 210 de la ruta PY01 “Mariscal López”, en el límite de San Juan Bautista con San Ignacio. El vehículo tenía 8.622 kilos de marihuana, distribuida en 366 panes.
El camión era guiado por José Manuel Sugo Dafonte y lo acompañaba en la ocasión el Oficial 1° Francisco Díaz Ibarrola.
Siete kilómetros más adelante, otro grupo de antidrogas retuvo un automóvil Kia Rio con patente CCK 261, que era guiado por el suboficial 1° Osmar Eustaquio Zaracho, en el que Joel Leiva, propietario del rodado, iba como acompañante. El trabajo del uniformado era resguardar y asegurar que la droga llegara a destino.
“Una vez retenido el camión descripto, ya en el Km 217 de la misma localidad, se encontró una camioneta tipo Hilux color Beige guiada por el Sub Oficial Mayor Roberto Lezcano Martinez quien se encontraba en compañía del Sub Crio. Edgardo Daniel Acosta, Oficial 1º Dario Bernardo Pinienta Estigarribia, Oficial Inspector Hugo César Ortiz”, relata la acusación.
La acusación describe en forma detallada la intervención de cada uno de los uniformados ahora acusados y la transcribimos a continuación para una mejor comprensión.
- Suboficial Mayor Roberto Lezcano:
“fue quien recibió la información del transporte de la carga ilícita desde su partida, coordinó la intercepción, y luego realizó las negociaciones con respecto al pago de las sumas de dinero, las conductas de tenencia ilícita de sustancias estupefacientes, por tener la disponibilidad de las sustancias estupefacientes, actos preparatorios para el tráfico de sustancias estupefacientes, brindando la cobertura para que la carga ilícita llegue a destino.”
El suboficial mayor Roberto Lezcano Martínez, uno de los integrantes más antiguos de la División de Investigación de Delitos del área Central, también conocida como Brigada Central, tiene una condena de 15 años por “plantar” droga a la joven empresaria Tanya Villalba.
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- Subcomisario Edgardo Acosta:
“brindó en primer termino el respaldo documental, a efectos de una eventual legitimación de las actuaciones en caso de no concretarse la entrega del dinero por parte del dueño de la carga, con dominio de igual forma sobre la disposición y el transporte de las sustancias.
- Oficial 1° Francisco Díaz Ibarrola:
“fue el directamente encargado de custodiar a José Manuel Sugo, dentro del tracto camión, y siguiendo las instrucciones de Roberto Lezcano, acompañar el traslado de la carga, privando de libertad al conductor del vehículo, y obligándolo a que este exija al dueño de la carga sumas de dinero para liberarlo.”
- Oficial 1° Darío Bernardo Pinienta:
“acompañó a Roberto Lezcano y Edgardo Acosta en el seguimiento del camión mencionado, con pleno conocimiento de lo actuado por los mismos y cooperando en la realización de la conducta.”
- Oficial inspector de Antinarcóticos Hugo Ortiz:
“acompañó a las actividades realizadas por los demás miembros de la organización, brindó un soporte aparentemente lícito de las actuaciones realizadas, por ser el específicamente encargado de la investigación de dichos hechos punibles.”
- Suboficial 1° Osmar Eustaquio Zaracho:
“custodió la carga de cerca (...) actuó como miembro del primer grupo criminal que fue interceptado por los oficiales de policía de la Brigada Central y Departamento de Antinarcóticos de Ñeembucú”.
- Suboficial Mayor Cirilo González:
“en violación de sus funciones establecidas en el Manual de Procedimientos del Departamento de Inteligencia de la Policía Nacional , y violando la cadena de mando establecida para el procesamiento de información, que dispone que la misma sea comunicada mediante los respectivos jefes de las dependencias involucradas, proporcionó la información a Roberto Lezcano, quien se desempeñaba en la Brigada Central, lo que luego derivó en la intercepción por parte del Grupo de la Brigada Central, conformado por Roberto Lezcano, Darío Pinienta, Edgardo Acosta y Francisco Díaz Ibarrola, y Hugo Ortiz, encargado del Departamento de Antinarcóticos de la Policía Nacional, de la carga de sustancias estupefacientes.
Estos extremos se acreditan el cruce de llamadas, con los reportes de comunicaciones (...) en donde se demuestra que fue el quien proveyó la información para la concreción de la conducta , y con su colaboración a la organización criminal se pudo concretar la retención del camión y las solicitudes de sumas de dinero a los propietarios de la carga”.
- Suboficial inspector Marcial Florez Gauto:
“con su conducta, al trasladar el teléfono celular de Roberto Lezcano y 24 millones de guaraníes, y su arma reglamentaria, y entregar estos objetos a la pareja de Lezcano, habría contribuido a evitar que elementos probatorios de vital importancia se pudieran incorporar al proceso.”