La Comisión Especial de Control y Acompañamiento a las Leyes Covid Gasto Cero de la Cámara de Diputados se reunió ayer para analizar el anteproyecto de ley propuesto por el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Tadeo Rojas (ANR), y los técnicos del Ministerio de Hacienda.
Rojas recordó que, según el Ministerio de Salud y Hacienda, actualmente la deuda del Estado con hospitales es de unos US$ 100 millones en el marco de la implementación de las leyes conocidas como de “Gasto Cero” para pacientes con covid-19. Una de las normas prevé la cobertura total a internados en UTI y la otra plantea el costeo de gastos de hasta G. 13 millones diarios para internados en sala común.
Atendiendo el planteamiento del Ministerio de Salud y de Hacienda respecto a la necesidad de encontrar fondos con que financiar la aplicación de estas leyes, el diputado Rojas explicó que el anteproyecto de Ley propone utilizar los saldos de cuentas no comprometidos del Fonacide y recursos de los fondos sociales de Itaipú y Yacyretá.
Igualmente se plantea “categorizar” la cobertura de los gastos. Rojas argumentó que actualmente, con la cobertura del 100% a todos los internados por covid, “se está perjudicando al más humilde y al más necesitado, dando cobertura a aquel que podría pagar por lo menos algo de su sistema de atención de salud”.
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Por esta razón, se propone que los beneficiarios sean separados según su situación económica. El grupo A sería de las personas cuyos ingresos excedan el equivalente a 6.000 jornales mínimos diarios, o más de G. 44 millones mensuales, quienes no tendrían cobertura.
En el grupo B entrarían las personas cuyos ingresos estén comprendidos entre el equivalente a 3.000 y 6.000 jornales mínimos diarios, o entre G. 22 millones y G. 44 millones mensuales, quienes tendrían una cobertura de hasta el 50%.
En el grupo C estarían las personas cuyos ingresos estén comprendidos entre el equivalente a 1.500 y 3.000 jornales mínimos diarios, o un máximo de G. 22 millones mensuales, quienes tendrían una cobertura de hasta el 75%.
Finalmente, el grupo D sería de personas cuyos ingresos sean inferiores al equivalente a 1.500 salarios mínimos legales, o sea, G. 11 millones mensuales, las que tendrían una cobertura del 100%.
Con o sin seguro médico
Además el proyecto plantea que para los pacientes que ingresen a las entidades prestadoras de servicios de salud del sector privado por cuenta de su seguro médico, la cobertura sería de la diferencia no cubierta por el seguro médico, previa auditoría por parte del Ministerio de Salud Pública.
Para los pacientes que cuentan con seguridad previsional, pero ingresen directamente a a hospitales privados, el proyecto plantea que sean las entidades previsionales, o sea, el Instituto de Previsión Social, las que financien “la suma equivalente al monto total que corresponde pagar si el asegurado titular, como cotizante activo y los beneficiarios de este, se hubiesen atendido o ingresado en la red de prestadoras de servicios de salud de dicha previsional”. Para ello se propone que Salud Pública y el IPS reglamenten “los procesos de conciliación de los saldos contables de los estados financieros entre ambas instituciones, respecto a la cobertura de los gastos por hospitalización en las instituciones que hayan sido integradas por resolución del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social”.
Para pacientes sin seguro médico internados en sanatorios privados, el proyecto propone que el Fondo Nacional de Cobertura a Pacientes Hospitalizados con COVID-19 abone la suma fijada por el Ministerio de Salud previa auditoría.
Tanto en el caso de los pacientes con seguro médico, como para los que no tienen seguro, el planteamiento es que Salud Pública abone lo que corresponda hasta que el paciente se encuentre estabilizado y pueda ser trasladado a un centro asistencial dependiente del Ministerio de Salud o con el cual se tenga convenio. En caso que los familiares del paciente quieran seguir quedándose donde están, los gastos ya pasarían a ser costeados por el paciente o su representante.
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“En ningún caso las entidades prestadoras de servicios de salud del sector privado podrán exigir a los beneficiarios, familiares o terceros responsables del paciente, el pago de cualquier erogación pecuniaria u otro instrumento financiero para garantizar el pago o condicionar de cualquier otra forma la atención médica en cualquiera de sus modalidades”, propone igualmente el proyecto.
Durante la reunión, la diputada Norma Zaracho (PEN) afirmó que el acceso a la salud es un derecho universal y que no debería categorizarse la cobertura del “Gasto Cero”. Planteó que, en todo caso, el Ministerio de Salud se reúna con los seguros médicos y el IPS y “se pongan de acuerdo”. La legisladora calificó al proyecto de ley como “un berenjenal”
El diputado Tadeo Rojas dijo que no quiere discriminar a nadie y que “a lo mejor hay que discutir más los números, analizar las franjas”.
El debate dentro de la comisión seguirá la próxima semana, con la participación de técnicos del Ministerio de Hacienda.