Nos remontamos al 2010 cuando el juez federal de Brasil, Odilón de Oliveira, confirmaba que el ahora asesinado poseía dos condenas en su país. En aquel momento indicó que contaba con antecedentes por tráfico de marihuana de Capitán Bado a Brasil.
”Está pendiente su extradición y esperamos que liberen a esta persona para cumplir ambas condenas, existe un mandato de prisión del 11 de junio del 2010, apenas sea detenido el tiene que ir preso, tuvimos conocimiento que fue candidato en Paraguay”, comentó el juez en aquel entonces.
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En setiembre del 2013, y en base a una orden de captura del juez Pedro Mayor Martínez, el considerado ya en esa época como presunto jefe narco fue capturado por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de madrugada mientras dormía dentro de su “guarida” en Capitán Bado, Amambay. Los fiscales que llevaron acabo ese operativo fueron Isaac Ferreira y Marcelo Pecci. Llegó de estar en prisión por un buen tiempo, pero luego obtuvo medidas alternativas y una libertad bajo fianza.
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De hecho en aquel tiempo se manejaba la información de que “Chicharõ” tenía una orden de captura por una condena de cuatro años de cárcel por lavado de dinero y ocultación de bienes en el Brasil. La causa incluso contaba con pedido formal de extradición. La Policía y la Senad aseguraban que Sánchez Garcete era el principal operador en nuestro país de la organización dirigida por Luis Carlos Da Rocha, alias “Cabeza Branca”.
Este pasaba a ser el objetivo número uno de los antidrogas de Paraguay y Brasil, ya que comandaba la mayor parte del tráfico de cocaína en la región, especialmente después de la captura de otros “peces gordos” como Jarvis Chimenes Pavao, Carlos Alberto Caballero, alias “Capilo” e Erineu “Pingo” Soligo.
Influencias con policías y políticos
Los datos que se tenían eran que el hoy muerto manejaba en Paraguay una red que operaba en la frontera con total tranquilidad. Utilizaba como blindaje de sus operaciones a políticos y policías que “colaboraban” con sus influencias para filtrar datos sensibles y confidenciales a favor de esta banda.
Incluso llegó a ser electo y proclamado en las elecciones generales del 2013. Fue diputado suplente del que fuera legislador de Cámara Baja, Marcial Lezcano Paredes. El hermano de este, el expolicía, Águedo Ronaldo Lezcano Paredes, fue dado de baja tras ser capturado el 5 de marzo pasado en Capiatá cuando transportaba dos litros de cocaína líquida que debían ser enviados desde el aeropuerto “Silvio Pettirossi” a Europa, a través de una “mula”.
En el 2014 saltaban más problemas judiciales con Brasil
Existió una extradición del Brasil, por una condena a cuatros años de cárcel por lavado de dinero. Además tiene otra condena a tres años de prisión por utilizar un nombre falso, el de Adriano López Bordón, según confirmó en aquel tiempo en comunicación con radio Amambay de Pedro Juan Caballero el juez federal de Brasil, Odilón de Oliveira.
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Tuvo en su poder una avioneta que era de la ANR
En junio de 2016 se conocía la información que una nave con matrícula ZP-TSI que pertenecía hasta el 2004 al Partido Colorado terminó finalmente en poder del exdiputado suplente. Tiempo atrás, el presidente de la ANR, diputado Pedro Alliana, confirmó la información a nuestro diario en medio de un entredicho con el exmandatario de la República Nicanor Duarte Frutos. En mayo de 2015 la aeronave fue incautada de un hangar de Luque. Alliana, responsabilizó a Nicanor Duarte Frutos de la venta de bienes.
Gracias a una investigación, se confirmó que la aeronave tuvo su origen de una deuda que el extinto Banco Unión tenía con la ANR. Luego de pasar por varios compradores y según registros de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), la avioneta después fue adquirida, en el 2006, por Carlos Augusto Flores de Oliveira, un empresario de Ponta Porá con documento paraguayo, y dos años después fue vendida a la Ganadera San José del Chaco SA. Esta última figura a nombre de José Otilio Motta Albuquerque, Elisabete Tormena Fabris Albuquerque y Luis Gregorio López Benítez.
La ganadera vendió la avioneta en febrero del 2010 a Reinaldo Carneiro Moral, quien reside en Pedro Juan Caballero, según el padrón colorado. El intendente de dicha ciudad, en ese tiempo, José Carlos Acevedo, manifestó que el comprador es hermano del concejal departamental de Amambay, Francisco Carneiro Moral. Este último en las elecciones municipales se postuló a intendente de Capitán Bado por Colorado Añetete, pero fue superado por Denilson Sánchez Garcete, alias Chicharõcito.
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Acevedo dijo que dichos hermanos son afines a Chicharõ. Comentó que Francisco Carneiro Moral es “ra’y” (ahijado) del diputado suplente, porque trabajó en la estancia del mismo en San Pedro, y que Reinaldo sería un prestanombre.
Finalmente, el 6 de abril del 2010 la avioneta pasa a nombre de la firma “Lilian Mercedes SA”, la que posteriormente fue presentada por Chicharõ como suya y sus hermanos.
En el 2017 tuvo un revés en la Corte
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia había rechazado in límine la acción planteada por el Sánchez Garcete contra su expulsión de los registros del Asociación Nacional Republicana (ANR). En el 2015, lo sacaron de las filas partidarias por mandato del Tribunal de Conducta. El ahora fallecido presentó en ese momento una acción de inconstitucionalidad.
Sánchez tenía nuevamente aspiraciones a una candidatura en Amambay y argumentaron que la ANR violó su derecho a la defensa pues nunca fue notificado sobre su expulsión, según dijo el abogado que lo representaba.
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Su chicana fue rechazada en el 2018
El fiscal Marcelo Pecci había imputado el 10 de mayo de 2016 a Carlos Rubén Sánchez, alias Chicharõ, y sus hermanos Ardonio y Denilson, intendente electo del municipio de Capitán Bado, por lavado de dinero, asociación criminal y hechos punibles vinculados al narcotráfico.
Hace tres años una Cámara de Apelaciones, Segunda Sala, rechazó un recurso presentado por los acusados. Pasaba el tiempo y no se podía realizar la audiencia preliminar para resolver si la causa es elevada o no a juicio oral.
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¿Por qué lo mataron?
De acuerdo con el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, el motivo del asesinato se está investigando pero no encuentra otro camino que una acción vinculada con el narcotráfico. Recordó que Sánchez está en baja política, dando a entender que en la actualidad ya no contaba con la protección que tenía antes.
“Había datos de que él financiaba a sectores políticos para que asuman cargos importantes. Él pudo ingresar como diputado suplente en el periodo anterior. Hoy es una figura venida en baja, aunque esa misma posición era respetada en la zona. No encontramos algo que demuestre que esta acción (atentado) responda a otro vínculo (que no sea el narcotráfico)”, sostuvo el ministro del Interior en conversación con ABC Color.
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