El BNF, a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, comunicó esta semana que “en defensa de sus intereses, promoverá una demanda contencioso administrativa contra las resoluciones administrativas dictadas en el marco del sumario administrativo (del BCP), por lo tanto las mismas no se encuentran firmes” (sic).
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Es que a través de la resolución N° 16, Acta N° 35 del 23 de julio pasado, el directorio de la banca matriz rechazó el recurso de reconsideración interpuesto por el BNF, contra una resolución anterior del BCP, la N° 34 del 3 de junio, a través de la cual se calificaba la conducta del banco público como “falta administrativa en contravención a las disposiciones de la Ley 1.015/97 (que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes) y de la resolución N° 349/13 de la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes)”, según la información oficial.
Precisamente, en la Resolución N° 34 (ver facsímil) el Banco Central resolvió la aplicación de una multa de G. 10.665.877.508 al Banco Nacional de Fomento, “equivalente al 10% del total de operaciones cuantificables en infracción, comprobadas en autos”, según se puede leer en dicho documento. Las operaciones en cuestión se relacionan con las cuentas de Darío Messer y dos de sus empresas, Chai SA y Matrix SA.
De acuerdo con los antecedentes, solamente la agroganadera Chai SA, de Messer y Juan Pablo Jiménez (primo de Cartes), movió más de US$ 42 millones en transferencias internacionales sin justificar el origen del dinero que enviaba o recibía del exterior. Las transferencias recibidas a la cuenta que Chai tenía en el BNF llegaron desde Brasil, Suiza, Islas Vírgenes Británicas, Alemania, Estados Unidos y Luxemburgo. Entre el 2013 y el 2016, fueron un total de US$ 41.825.048. Gran parte de este dinero fue enviado por la empresa Bizantine Investment, una de las 3.000 empresas offshore que según el equipo Lava Jato de Brasil, Messer creó como pantalla para mover dinero lavado de políticos brasileños, según la misma fuente.
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El BNF alega que reportó en 2015, cuando el titular era Carlos Pereira, sobre las operaciones sospechosas a la Seprelad y que fue esta la que no hizo su trabajo. Esta institución, con Óscar Boidanich como cabeza en ese entonces, recién denunció el caso al Ministerio Público en 2018, después de que la prensa lo haya difundido.
Relación “no se resquebraja”
El BNF, a través de su comunicado, señaló que el hecho de recurrir judicialmente la decisión del BCP “no se traduce en un resquebrajamiento de las relaciones del BNF con el ente regulador del sistema financiero paraguayo, presentándose en este caso la necesidad de que la justicia de forma imparcial dicte si las medidas aplicadas se ajustan a derecho”.
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Ayer quisimos conversar con autoridades del banco público, pero desde el área de comunicación nos informaron que eso fue “imposible concretar”. Desde el Banco Central tampoco han querido hablar al respecto.